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El diputado Clemente Barrios (ANR), uno de los proyectistas, explicó que el proyecto fue una iniciativa del Gobierno y que pretenden volver al texto anterior tras la modificación en el 2011 del artículo 245 del Código Procesal Penal en donde por ley el juez está obligado a dictar prisión, sin otorgar medidas sustitutivas en casos de violencia de género.
Barrios recordó que el Congreso modificó en el 2011 el Código Procesal Penal tras la conmoción que causó el caso de Adolfo Trotte, quien asesinó a su esposa. Mencionó que en aquel tiempo ya consideraba que no era conveniente actuar por un caso particular y que hoy como consecuencia tienen un alto crecimiento de internos en las penitenciarías, pues de 4.000 presos en el 2011 hoy existen 14.000, según dijo.
Indicó que le estaban sacando sistematicidad al proceso de justicia y que esta modificación es producto de varias reuniones técnicas de asesores de los tres poderes del Estado. “Se quiere que en nuestro sistema penal rija siempre el principio de la inocencia hasta que el imputado sea declarado culpable. Se hizo como una reacción a un caso y eso causó más daño que bien al país, le hemos atado de pies y manos a los jueces y lo único que tenían era dictar prisión preventiva y meter a la cárcel”, enfatizó.
El diputado afirmó que quieren pasar de un sistema acusatorio a un sistema garantista. El proyecto figura en el quinto punto del orden del día de la sesión y fue analizado por cuatro comisiones asesoras.