Cargando...
Bogado, en declaraciones a ABC Cardinal 730 AM, reconoció que es un tema de mucho interés para la ciudadanía que el acceso a la administración pública se haga a través de los concursos de méritos y no por padrinazgos políticos. Enfatizó que su gestión asume el desafío y que será firme en velar “porque el ingreso a la administración (pública) se dé siempre por medio del concurso público”. Señaló que fortalecerán ese mecanismo legal, lo cual significará “transparencia en todos los procesos, calidad en los mismos y la legitimidad de las personas que accedan por ese mecanismo”.
El ingreso por méritos al empleo estatal, como exige la Ley 1626 de la Función Pública, es una promesa recurrente de los gobiernos de turno, pero que por lo general no la cumplen. En el periodo cartista fue famosa la frase del entonces ministro de lucha contra la pobreza, Juan Carlos Baruja, quien aseguró que en el gobierno le iban a dar un “empujoncito” a los afiliados colorados para que ganen todos los concursos de méritos.
Bogado admitió que se siguen dando irregularidades en el acceso a la gestión estatal y que hay una excesiva cantidad de funcionarios.
Mencionó como una de las dificultades a enfrentar el hecho de que varias dependencias públicas, como el Poder Judicial, no se rigen por la Ley 1626, lo que genera “como una anarquía” en el Estado. Anunció que el 27 de febrero del año que viene lanzarán el estudio y la discusión de la reforma de la Ley N° 1626 que finalmente se traducirá en un anteproyecto a ser presentado al Congreso.
La ministra de la Función Pública insistió en que la concursabilidad es uno de los temas clave, y que el año que viene van a difundir también materiales informativos para dar a conocer concretamente “las reglas del juego en materia de admisión de la función pública” para así intentar evitar más irregularidades. En ese sentido, indicó que es sumamente importante que las máximas autoridades de cada institución se hagan responsables de cada concurso y en caso de que los miembros de la Comisión de Selección no cumplan con las normativas, sean sumariados. El Estado tiene alrededor de 300.000 funcionarios.