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En caso de que un civil utilice estas indumentarias se expone a una pena pecuniaria desde 10 hasta 1.000 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas más el comiso del uniforme. En caso de que no pague la pena, se le podrá privar de su libertad, explicó ayer en la plenaria el titular de la Comisión de Legislación, senador Enrique Bacchetta.
La prohibición se extiende también a distintivos, insignias del grado y demás emblemas de uso exclusivo de la Fuerza Pública (militares y policías), sin la debida autorización de las instituciones componentes. La excepción se hace para las actividades culturales o artísticas, para lo cual se requerirá previa comunicación.