Productores de tomate denuncian presión política

EUGENIO A. GARAY (Pablo Gastón Ortiz, corresponsal). Productores de tomate de Eugenio A. Garay denunciaron que fueron presionados por funcionarios de la Dirección de Extensión Agraria (Deag) a contratar a una empresa de un familiar del gobernador del Guairá, Rodolfo Friedmann Alfaro (ANR), para una inversión de G. 364 millones en obras de infraestructura, que se realizarán con recursos de los bonos soberanos.

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Miembros del Comité de Horticultores Jardín del Ybytyruzú, que deben recibir cada uno entre G. 36 y G. 66 millones para financiar proyectos de sistemas de regadíos, invernaderos y pozos, aseguraron que desde la oficina local del Deag se les presionaba para firmar contrato con la empresa Maxsa SA. Los productores desconfían de esta firma privada, ya que su presidente, el ingeniero agrónomo Freddy Javier Martínez Alfaro, es familiar de Friedmann Alfaro. Desde hace tiempo, estos agricultores vienen trabajando en la producción de tomate en invernaderos con la consultora de Coronel Oviedo Agro Sol, de Ronald Benítez. Al igual que Maxsa SA, la empresa se encuentra habilitada para desarrollar el proyecto de “Producción, adopción de tecnología y mecanización de la agricultura familiar”, por lo que los beneficiarios no ven la necesidad de contratar a otra. Delia Ferreira, de la Deag local, negó que hayan presionado a los productores.

Aseguró que solo les recomendaron que firmen con la empresa de Martínez Alfaro, ya que es en la que confían para realizar obras de calidad. Se defendió al asegurar que la idea es que preferentemente se pueda dar el trabajo a una empresa local. Sin embargo, Maxsa SA tiene su sede principal en Ciudad del Este y cuenta con una sucursal en Coronel Oviedo. Su presidente reconoció que tiene una relación de parentesco con el gobernador del Guairá, pero explicó que es muy lejana ya que ni siquiera llegan a ser primos segundos. Maxsa fue contratada por otros agricultores de Villarrica para realizar el mismo trabajo. Los productores de tomate son parte de los beneficiarios del proyecto encarado por el MAG, que distribuirá US$ 50 millones de los bonos soberanos. El 70% del dinero para infraestructura será entregado como subsidio.

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