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A inicios del 2014, el procurador general de la República, Roberto Moreno Rodríguez Alcalá, intentó regular honorarios al Estado en al menos tres casos, que son los que, por lo menos hasta ahora, trascendieron.
En uno de los casos representó a la Entidad Binacional Yacyretá, en una demanda presentada por la empresa Parmet SRL, en un litigio por tierra. La firma reclamaba el pago de US$ 421.700.
Mientras en otro caso, Moreno, juntamente con la procuradora delegada Monserrat Aquino, representaron al Estado en una demanda en el que el ciudadano Alfredo Ramón Ferreira reclamaba una indemnización de G. 10.255.000.000.
Ambos casos fueron ganados por el Estado, y el procurador, Moreno Rodríguez, intentó cobrar honorarios por ello.
Los casos que trascendieron fueron a parar al Tribunal de Apelación en lo civil y Comercial, integrado por el Dr. Linneo Ynsfrán Saldívar.
El juez, en su preopinión, señalaba que Moreno Rodríguez actuó en los juicios cumpliendo un deber administrativo, en su carácter de funcionario nombrado por el Gobierno para ejercer el cargo de procurador general de la República, establecido en el Art. 246 de la Constitución.
Moreno Rodríguez fue nombrado para representar al Estado, por decreto del Poder Ejecutivo y percibe un ingreso mensual de G. 25.929.900. En setiembre del 2013 el presidente Horacio Cartes, a través del decreto 211, dispuso que todas las demandas contra instituciones públicas sean manejadas por la Procuraduría General de la República. El objetivo era acabar con las millonarias regulaciones de honorarios con las que se desangraba al Estado.
La procuraduría, ganó 214 casos en los últimos 18 meses, lo que significó para el Estado un ahorro de G. 1.109.704.965.473.
Juez rechazado
El juez Ynsfrán, que encabezó el equipo que rechazó en la Justicia los intentos del procurador de regular honorarios, es el mismo al que la Cámara de Senadores eligió para miembro de la Corte, pero el Ejecutivo lo rechazó.