Proceso contra dirigente liberal, con más delitos

La Fiscalía sumó un delito más a los hechos punibles imputados al joven dirigente liberal Stiben Patrón Cáceres, que afronta dos procesos derivados de los disturbios registrados el 31 de marzo pasado. Ayer, mientras Patrón se abstenía de declarar, sus defensores recusaron al juez Gustavo Amarilla.

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Como derivación de los destrozos causados al Congreso Nacional durante las protestas del 31 de marzo, Patrón fue imputado por perturbación de la paz pública y daño a cosas de interés común, en una causa en donde se encuentran procesadas más de 20 personas.

Es en esta causa donde la fiscala María José Abed amplió ayer la imputación con relación a Patrón, a quien pide procesar además por el delito de daños a obras construidas o medios técnicos de trabajo.

“Por haber roto una computadora no me pueden llevar preso, porque no es lo mismo romper una computadora que quemar un Congreso, dijo Patrón a la prensa al salir de la Fiscalía, donde comunicó su decisión de abstenerse de declarar.

Patrón admitió haber roto la computadora del Parlamento en los disturbios del 31 de marzo y 1 de abril pasado, y expresó su predisposición a reparar el daño, con lo cual pretender quedar libre de este proceso.

Caso bombas molotov

Paralelamente, el dirigente liberal afronta otro proceso por fabricación ilícita y hechos punibles conexos de la Ley 4036/10 “De armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines” por supuesta fabricación de bombas molotov en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) el 31 de marzo pasado.

Recusación

El abogado Guillermo Ferreiro, defensor de Patrón, recusó ayer al juez penal de garantías Gustavo Amarilla, quien tiene a su cargo ambos procesos contra su defendido. 

El letrado argumentó que el 23 de junio pasado, el juez rechazó el pedido de aplicación de medidas sustitutivas de prisión, “en notorio apartamiento del derecho y de los más elementales principios legales aplicables en la materia”. 

Ferreiro señala que dicha decisión fue revertida en segunda instancia el 6 de julio pasado, fecha en que el Tribunal de Apelación, 1ª sala, hizo lugar a la apelación interpuesta por la defensa y dispuso el arresto domiciliario de su defendido.

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