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El diputado del departamento Central sostuvo que el proyecto de ley será una de sus prioridades. Asimismo, urgirá a las comisiones de Constitucionales, Legislación y Justicia y Trabajo para que se expidan y pueda ser tratado en el plenario.
La norma pretende excluir de la vida política y de la función pública a los condenados por hechos de corrupción. También diferencia entre una inhabilitación perpetua y especial.
Establece una inhabilitación perpetua para acceder a cargos públicos y de elección popular en caso de que se haya cometido el delito de: Cohecho pasivo agravado, prevaricato, tortura, ejecución penal contra inocentes, exacción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, administración en provecho propio. También se aplicarán a los hechos punibles previstos en las leyes especiales tipificados como actos de corrupción.
Especial
La inhabilitación especial, según propone el proyecto de ley, consistirá en la prohibición para ocupar un cargo público o de elección popular por un lapso de tiempo, a diferencia de la inhabilitación perpetua.
Plantea que la inhabilitación sea por un plazo de cinco a 20 años, según la gravedad del hecho punible tales como: cohecho pasivo, persecución de inocentes, cobro indebido de honorarios, infidelidad en el servicio exterior, inducción a un subordinado a un hecho punible e intervención ilegítima en las contrataciones públicas.
De aplicarse la norma, varias figuras averiadas como los parlamentarios colorados Víctor Bogado (acusado), José María Ibáñez (imputado) y los parlamentarios liberales Enzo Cardozo y Milciades Duré corren el riesgo de ser inhabilitados de por vida. Todos los mencionados buscan ser reelegidos en cargos electivos.