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Sus proponentes son los senadores liberales llanistas que apoyaron la enmienda mau: Fernando Silva Facetti, el acusado Enzo Cardozo y Zulma Gómez. Según sus fundamentos, el objetivo de esta normativa es “garantizar la transparencia en el proceso de realización y divulgación de las encuestas electorales”.
El proyecto plantea que las empresas encuestadoras del rubro electoral deberán inscribirse en un registro a ser creado, dependiente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Dicha inscripción deberá renovarse para cada elección. Las empresas estarán obligadas a dar a conocer a los candidatos que hacen parte de la encuesta, las preguntas que realizarán los encuestadores.
Igualmente, dispone el proyecto que las empresas encuestadoras deberán dar copias de los resultados al TSJE y a los candidatos involucrados junto con toda la información técnica correspondiente.
Uno de los puntos más polémicos se encuentra en el artículo 8 del proyecto, en el que se señala que la divulgación de los resultados de las encuestas electorales “es libre, pero el resultado global de las mismas no podrá alterar artificialmente la realidad” (SIC).
También prohibe toda alusión directa o indirecta de las tendencias o los resultados por medio de las bocas de urna u otro instrumento.