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El primer proyecto de ley planteado por el senador opositor busca identificar a los ciudadanos de origen brasileño con doble inscripción, es decir, en el registro electoral tanto de Paraguay como de Brasil. La otra propuesta es una “ley de protección de tierras rurales”, que impedirá a los extranjeros contar con latifundios en nuestro país.
Ambas propuestas legislativas del parlamentario del PDP surgen en medio de la crispación política tras el desalojo de familias campesinas de Guahory, departamento de Caaguazú.
A pedido de Santa Cruz, la Cámara de Senadores tratará en 15 días el proyecto de ley que modifica el Código Electoral del Paraguay a fin de habilitar un convenio entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el Tribunal Superior Electoral de Brasil para así cruzar datos y evitar la doble inscripción de extranjeros en zonas fronterizas. El trasfondo sería demostrar el verdadero lugar de residencia de los colonos.
Santa Cruz alertó que actualmente en localidades como Santa Rosa del Monday, departamento de Alto Paraná, el 79% de los habitantes son brasileños. “Y no hablamos de hijos de brasileños nacidos en Paraguay”, aclaró.
El parlamentario agregó que una situación similar se da en el distrito de Iruña, también en Alto Paraná, donde el 46% de la población es extranjera.
A solicitud del legislador, el Senado también tratará en un mes el segundo proyecto de ley que se denomina “Protección de tierras rurales”.
En su presentación, Santa Cruz alega que la propuesta dispone limitar la tenencia de tierras a 1.000 hectáreas en la Región Oriental del país y de 4.000 hectáreas en la Región Occidental (Chaco).
La presencia de los llamados brasiguayos en zonas fronterizas es motivo de preocupación de hace décadas en el país, sobre todo de sectores campesinos y de partidos de izquierda. Ambos consideran que los ciudadanos de origen extranjero están acaparando las tierras cultivables en desmedro de los campesinos paraguayos y que además amplían las fronteras de la agricultura extensiva que va expulsando población hacia los centros urbanos. Consideran que los brasiguayos representan un problema de soberanía para el país. Otro intento de controlar este fenómeno inmigratorio es la “ley de la seguridad fronteriza” aprobada en el 2005. Esta ley establece una “zona de seguridad fronteriza con una franja de 50 kilómetros adyacente a las líneas de frontera terrestre y fluvial dentro del territorio nacional” en que “los extranjeros oriundos” de los países limítrofes, o personas jurídicas con mayoría de extranjeros, no podrán ser propietarios en dicha franja.