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El presidente de la República, Horacio Cartes, se reunió ayer a la mañana en Palacio de Gobierno con Antonio Fretes, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Mario Abdo (ANR), titular del Congreso, para tratar la demanda de 85 millones de dólares planteada contra el Paraguay por la aseguradora italiana SACE por el caso Gustavo Gramont Berres. Del encuentro también participaron el procurador de la República, Roberto Moreno, y los ministros de RR.EE., Eladio Loizaga, y de Hacienda, Santiago Peña.
Después de una conversación de casi una hora, los presidentes de los tres poderes del Estado coincidieron en rechazar la deuda reclamada porque la consideraban “ilegal e ilegítima”.
El canciller Loizaga, quien hizo de vocero del encuentro, señaló que el Paraguay considera que es una deuda espuria que “no es objeto de reconocimiento por parte del Estado paraguayo”.
Remarcó que esta posición de los presidentes de los poderes del Estado “es una reafirmación más que hacemos en nombre del Gobierno Nacional y de la cual, en su oportunidad, en el año 2005, tanto el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación como la Corte Suprema de Justicia se han expedido en el mismo sentido de no reconocer dicha deuda e instar al Poder Ejecutivo a no pagar y a defenderse en todas las instancias necesarias contra esta maniobra dolosa que en su oportunidad fuera hecha por Gramont Berres”.
El origen de la demanda planteada por la aseguradora italiana es un préstamo de unos 20 millones de dólares de bancos internacionales que entre 1986 y 1987 obtuvo el argentino Gramont Berres, entonces embajador itinerante del dictador Alfredo Stroessner. El empréstito fue tomado casi a título personal por Gramont Berres sin el aval del Congreso y por tanto nuestro país desconoce la deuda. A raíz de esa situación, los bancos afectados iniciaron una demanda en Suiza que concluyó con una condena a Paraguay en 2005. Nuestro país desconoció el fallo y rechazó la sentencia que obliga a pagar más de 85 millones de dólares a las entidades financieras. El entonces presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, junto con los presidentes del Poder Legislativo, Carlos Filizzola, y del Poder Judicial, Antonio Fretes, emitieron resoluciones rechazando el fallo.
SACE compró los derechos
Entre 1986 y 1987, Gramont Berres, con documentos falsos que supuestamente eran el aval del Estado paraguayo, consigue dos créditos del banco Overland Trust de Ginebra (Suiza). Luego, un sindicato de diez bancos, liderado por el Paribas-Francia, compra los títulos de la deuda del Overland y en 1995 demandan al Paraguay. El 31 de mayo de 2005 la máxima instancia judicial de Suiza condenó a Paraguay a pagar US$ 85 millones a los diez entes financieros. En el 2009, la SACE –propiedad mayoritaria del Estado italiano– paga 24.900.000 euros al grupo de bancos por los derechos que surjan de la sentencia de la justicia suiza, y recientemente presentó una demanda de ejecución de la deuda contra el Paraguay ante la justicia de EE.UU.