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El Ejecutivo informará de la demanda planteada contra el país y pedirá una postura única.
Esta mañana a partir de las 09:00 en Palacio de Gobierno el presidente de la República, Horacio Cartes, se reunirá con el presidente de la Corte Suprema, Antonio Fretes, y el presidente del Congreso, Mario Abdo Benítez (ANR), para tratar el caso Gramont Berres y la demanda de unos 85 millones de dólares planteada contra nuestro país por la aseguradora italiana SACE. También participarán de la reunión el procurador General de la República, Roberto Moreno, y el titular de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez (ANR).
Moreno confirmó que el objetivo central del encuentro es acordar un criterio común sobre el caso Gramont de manera que la cuestión no genere roces con los otros poderes del Estado. “Queremos informar a los presidentes de los otros poderes del Estado sobre todo lo que implica el caso Gramont Berres y todo lo que estamos haciendo hasta el momento. Lo ideal es que podamos tener un acuerdo con los otros poderes del Estado”, admitió.
El origen de la demanda es un préstamo de unos 20 millones de dólares de bancos internacionales que entre 1986 y 1987 obtuvo Gustavo Gramont Berres, entonces embajador itinerante del dictador Alfredo Stroessner. El empréstito fue tomado casi a título personal por Gramont Berres sin el aval del Congreso y por tanto nuestro país desconoce la deuda. A raíz de esa situación se inició una demanda en Suiza de los bancos afectados que concluyó con una condena a Paraguay en 2005. Nuestro país desconoce el fallo y rechaza la sentencia que obliga a pagar más de 85 millones de dólares a las entidades financieras.
Ante esa situación la aseguradora italiana SACE, que indemnizó a los bancos, ahora presentó en EE.UU. una nueva demanda contra nuestro país para recuperar el dinero. Moreno explicó que la situación es compleja y los criterios están divididos. Unos quieren litigar mientras que otros sostienen que se debe negociar, bajar las pretensiones de los demandantes y pagar la deuda.
En la reunión de hoy también se presentarán los tres estudios jurídicos que podrían representar al país en la demanda y se definirán con cual de ellos se trabajará.
En 2005, cuando se confirmó la sentencia de un tribunal de Suiza que condenaba al país a pagar 85 millones de dólares por el caso Gramont Berres, el entonces presidente Nicanor Duarte Frutos logró un acuerdo con los presidentes de la Corte, Antonio Fretes, y el Congreso, Carlos Filizzola, para rechazar el fallo y no aceptar el pago de la deuda porque consideraban que era ilegítima. En ese marco el Ejecutivo emitió el Decreto 6295, el Congreso la Declaración 21 y la Corte el Informe 117, calificando la deuda como antijurídica.