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Nuestro entrevistado dijo que no sabe si la Presidencia de la República contestó la nota, pero aseguró que él no lo hizo.
Ibáñez comentó que Victoria SA, dueña del inmueble expropiado, proponía en su escrito implementar un proyecto de desarrollo integral en la zona, con ayuda de las cooperativas menonitas ubicadas en el Chaco. El funcionario dijo que le había señalado a Duarte Frutos que la oferta "era bastante interesante".
Cuando se le preguntó si, en su opinión, se debió haber aceptado el planteamiento de la firma Victoria SA, el presidente del Indert contestó: "No quiero opinar al respecto. Ya hay una predisposición mental allá (en Casado), que ya están las 52.000 hectáreas. Pero haciendo una observación cercana del terreno, posiblemente, no van a ser más de 30.000 hectáreas las que se van a trabajar. Después hay zonas de reservas, hay un cerro declarado patrimonio y otros".
Agregó que como funcionario del Gobierno obedecerá la indicación del Presidente. Recordó que esta ha sido una decisión parlamentaria que contó con el apoyo del Ejecutivo.
El Congreso expropió el inmueble, desconociendo la existencia de un acuerdo entre Paraguay y Corea firmado para proteger inversiones como las de la empresa Victoria SA, conformada por capital coreano. El Estado planea pagar un precio fiscal por estas tierras, debido que la ley de expropiación lo califica como un latifundio improductivo. El valor fiscal es muy inferior al de mercado. En la zona, el Indert paga alrededor de 42.000 guaraníes por hectárea. La firma recibiría en este caso unos 2.184 millones de guaraníes, alrededor de 356.000 dólares.
El Ing. Erico Ibáñez afirmó que el precio podría fijarse recién el año que viene, cuando se termine el proceso de mensura. La firma Victoria SA considera que el Congreso practicó una confiscación, y no una expropiación.