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El proyecto ya se discutió durante una sesión ampliada el mes pasado y los representantes de las empresas anunciaron que presentarían alternativas referidas al objetivo de mayor seguridad.
El ministro Francisco de Vargas dijo en aquella ocasión que, de aprobarse la ley, podría convertirse en un elemento disuasivo para las personas que utilizan los celulares con fines de bromas, extorsiones y otros delitos.
Este proyecto, presentado en la pasada legislatura por el entonces diputado liberal Elvis Balbuena, pretendía evitar la vulnerabilidad de las habilitaciones de líneas móviles señalando que, actualmente, se realizan con la simple presentación de copia de cédulas de identidad.
Sin embargo, Francisco Gutiérrez, de la empresa Núcleo SA, apuntó que de nada servirá esta iniciativa dado que los celulares se venden en forma ilegal en gran cantidad, sin que las fuerzas de seguridad puedan controlarlo. Además, señaló que la Policía Nacional no cuenta con una base de datos con todos los registros de huella dactilar.
Mencionó también que los chips y aparatos se venden en lugares públicos, como mercados y plazas en todo el país, y será difícil que las empresas puedan instalar equipos para registrar la huella dactilar. No obstante, aclaró que si la ley es aprobada, la cumplirán.
Una alternativa que señaló fue que haya un trabajo conjunto entre los organismos de seguridad y las empresas a fin de que exista una mayor eficacia en la identificación de las personas que adquieren los aparatos de telefonía celular.
El proyecto ya fue dictaminado por la comisión de Defensa, Seguridad y Orden Interno, que recomienda el rechazo, y la de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, que aconseja la aprobación.
Resta solamente el dictamen de la comisión de Ciencia y Tecnología que, según Buzarquis, plantearía modificaciones.