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El proyecto de ley de extinción de dominio, remitido por el Poder Ejecutivo, con base en un proyecto del diputado colorado Éber Ovelar, figuraba en el primer punto del orden del día y el objetivo de sus impulsores era acelerar su aprobación total, dado que ya contaba con la aprobación en general.
La normativa establece un procedimiento por el cual el Estado puede convertirse en titular de los bienes de personas vinculadas al delito del narcotráfico.
Aunque existía un consenso sobre la necesidad de aprobar la ley, el estudio del proyecto se trabó al llegar al artículo 4º, que abre la posibilidad de que la ley se aplique a los bienes obtenidos por medios ilícitos perpetrados antes de la vigencia de la ley.
El tema motivó un fuerte debate, dado que el artículo 14 de la Constitución establece expresamente que ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o condenado.
Al respecto, el diputado Éber Ovelar indicó que la normativa en estudio partía de una ley marco impulsada por Naciones Unidas a nivel regional. Apuntó que efectivamente el artículo 4 de la ley menciona su aplicación retroactiva.
Sin embargo, sostuvo que el artículo 14 de la Constitución no se debía considerar en forma aislada y apuntó que tenía que ver en este caso con el artículo 17 que habla de que nadie puede ser condenado sin un juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso.
Según indicó Ovelar, la ley de extinción de dominio solamente establece un procedimiento para el comiso de los bienes de narcotraficantes. Sostuvo que ya en la ley 1340/88, plenamente vigente, se establecieron sanciones para los hechos vinculados al narcotráfico. Apuntó que dicha ley habilita, en su artículo 48, a que las autoridades judiciales puedan proceder al decomiso de cualquier bien vinculado u obtenido con la perpetración de estos delitos.
Se generó un intenso debate, en el que participaron, entre otros, el diputado Víctor Ríos (PLRA), Óscar Tuma, Pedro Duré y Javier Ríos (ANR). Este último, solicitó finalmente la vuelta a comisión, respaldado por Tuma, quien dijo que no estaban despejadas las dudas respecto a la posible inconstitucionalidad de la ley.
Aunque nadie se opuso a la postergación, el diputado Ovelar pidió a sus colegas que se empeñen y participen de los debates, debido a la necesidad de contar con una ley de este tipo.
También la diputada colorada Perla de Vázquez lamentó que algunos no hayan dedicado tiempo y priorizado una ley considerada fundamental para la lucha contra el narcotráfico.
Esto molestó al diputado Tuma quien dijo que por apuro no podían aprobar una ley que luego ocasione dificultades y habilite la persecución de inocentes.