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Igualmente, los funcionarios deberán autorizar en forma expresa e irrevocable a la Contraloría General y al Ministerio Público a realizar todas las investigaciones que consideren pertinentes, tanto en territorio nacional como en el extranjero para determinar la veracidad del contenido de su declaración.
En cuanto a las sanciones previstas, a quienes no presenten su declaración jurada dentro del término legal se les aplicará una multa de 300 jornales mínimos (G. 16.582.000) y, según el caso, cesantía e inhabilitación para ocupar cargos públicos por el término de 10 años.
Igualmente, los funcionarios que obstaculicen la inspección de cuentas bancarias y otros documentos podrán recibir multar de hasta G. 27.637.200.
El motivo por el cual las comisiones aconsejan el rechazo es que la falta de confianza en la discreción de las instituciones que, supuestamente, pondría en riesgo la seguridad de las personas.