Postergan el polémico proyecto de ley de “Atención al cliente”

El estudio del proyecto de ley de optimización de la atención al cliente se postergó ayer por 15 días en la Cámara de Diputados, con el argumento de que faltaba el dictamen de la comisión de Industria y Comercio. Sin embargo, la falta de consenso sería el motivo real.

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El proyecto de ley de atención al cliente figuraba en el segundo punto del orden del día de la sesión de ayer, pero el diputado colorado José María Ibáñez, imputado en el caso de los caseros, pidió su postergación, señalando que la comisión de Industria y Comercio no emitió dictamen.

El argumento llamó la atención, teniendo en cuenta que el diputado liberal Dionisio Amarilla había asegurado que dicha comisión ya había hecho todas las modificaciones y se habían aceptado.

El proyecto de ley, según dice en su artículo 1, tiene como objeto “optimizar la prestación de los servicios de atención al cliente que deben prestar las empresas”. Menciona a las firmas de telefonía, supermercados, comercios, entidades bancarias y financieras nacionales o extranjeras domiciliadas en la República, como también los organismos y entidades del Estado. A estas empresas se agregarían las de medicina prepaga.

El proyecto también dispone que el plazo máximo de espera para la atención telefónica de los usuarios sea de 2 minutos. Originalmente, el proyecto del diputado Amarilla proponía que fuera de un minuto.

En cuanto al tiempo de espera del servicio de atención cuando un usuario concurra personalmente al local, la propuesta es que no supere los 15 minutos.

En la audiencia pública que se realizó sobre el proyecto de ley en mayo pasado, hubo varios cuestionamientos, entre ellos de representantes de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) que advirtieron que la norma afecta a la libre competencia. Criticaron también que solamente se obligue a algunas empresas y no a todas en forma general. Además, indicaron que los plazos que se establecen para atención serían de cumplimiento imposible.

Fomento a vivienda

La Cámara Baja sancionó ayer la ley de Fomento a la Vivienda y Desarrollo Urbano, al aceptar las modificaciones que le hizo el Poder Ejecutivo.

La norma plantea promover la inversión privada para proyectos de reacondicionamiento de edificios o terrenos baldíos, con créditos en condiciones preferenciales, de fondos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), otorgados a través del sector financiero local.

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