Cargando...
La imputación fue presentada por las fiscalas María Estefanía González y Marlene González.
Las agentes del Ministerio Público atribuyeron a Pintos Aguilera la comisión del hecho punible de enriquecimiento ilícito y a su esposa, Nancy Chamorro Paredes, el delito de lavado de dinero.
Según la investigación, Pintos fue nombrado en Aduanas el 1 de setiembre de 2006. Ocupó diferentes cargos y desde enero de 2017 fue jefe de departamento y su salario es de G. 13.500.000.
De acuerdo a la Dirección de Registro del Automotor, tiene 10 vehículos a su nombre y la mayoría de alta gama.
“Respecto a gastos que hacen al nivel de vida que llevaba el funcionario y su cónyuge es posible verificar que el mismo es socio del Yacht y Golf Club Paraguayo, adquirió un Toyota Fortuner TDI Aut del año 2015, valorado en US$ 44.000 y un Jeep Cherokee por la suma de US$ 66.000. En atención al pago por estos vehículos, el funcionario realizaba entregas mensuales con refuerzos de pago cada tres meses, sumas que sobrepasan considerablemente incluso el sueldo percibido de manera mensual”, dice la imputación.
Informaciones de Tributación refieren que Nancy Fabiola Chamorro Paredes registra a su nombre un spa con nombre de fantasía Palmares Hombre-Mujer.
Por otro lado, la Dirección General de los Registros Públicos dijo que Pintos Aguilera y Chamorro Paredes poseen inmuebles en Atyrá y Mariano Roque Alonso.
En la imputación se resalta que se comprobó que Pintos “ha incrementado de manera ostensible su patrimonio a través de la obtención de bienes muebles, acciones en sociedades y gestión en el comercio, no siendo el origen de este incremento legal, por cuanto el estilo de vida como la adquisición de diversos bienes por parte del funcionario público y su cónyuge sobrepasan los ingresos percibidos por el servicio prestado al ente estatal”.
Carrera Ríos
Las fiscalas también imputaron a Elvis Carrera Ríos, a su esposa Rosa Romero Sánchez y al hijo de ambos, Elvis Carrera Romero.
Carrera Ríos tiene más de 30 años de antigüedad en Aduanas y su salario es de G. 13.500.000.
Con relación a Romero Sánchez, según la fiscalía, si bien es cierto se encuentra separada de Carrera Ríos, existen documentos, informes y datos que confirman que la misma fija el mismo domicilio que Carrera Ríos. Incluso se tienen transacciones en que uno es garante del otro y viceversa.
El Ministerio Público recibió de la Dirección del Registro de Automotores, que la esposa del aduanero posee una flota de camiones, la mayoría de la marca Scania, varios semirremolques, 3 ejes, camionetas y vehículos particulares.
Registros Públicos informó que posee varios inmuebles y Tributación que la misma se encuentra inscripta como contribuyente de IRACIS e IVA a través de la firma “E.C.R. IMPORT EXPORT” con declaraciones de renta de grandes sumas de dinero. “Se cuenta con extractos de bancos y cooperativas referentes a créditos de montos altos en plazos cortos de cancelación, se cuenta con datos referentes a una empresa fabricadora de hielo también de su propiedad. Todos estos elementos nos hacen presumir que el origen de los mismos proviene de un hecho antijurídico al no hallarse indicios que justifiquen de manera explicita el origen o la fuente de todo su patrimonio”, señala la imputación.
En cuanto a Carrera Romero, la fiscalía dice que el mismo ingresó a Aduanas en el 2011 y percibe un sueldo de G. 5.600.000.
Conforme a los elementos recabados de la Dirección del Registro del Automotor, Carrera Romero posee varios automóviles a su nombre, camiones de la marca Scania, triple ejes. Además, de los bancos y cooperativas se cuenta con extractos de tarjetas de créditos y prestamos realizados, en donde se observan gastos y préstamos cancelados que no codicien con sus ingresos.
Igualmente se obtuvo de la SET que se encuentra inscrito como contribuyente del IRP e IVA General, cuyas actividades son a través de firmas que se dedican una a la elaboración de hielo y otra al transporte terrestre de carga interdepartamental e internacional.
Las fiscalas solicitaron a la justicia el embargo de los bienes de todos los imputados y también la inhibición general de vender y grabar bienes, antes las sospechas de enriquecimiento ilícito.