Políticos judicializan rendiciones de cuentas para evitar los controles

Tal como el caso de Ciudad del Este, en los últimos 10 años más de 70 entidades, en su mayoría municipios, recurrieron a la Corte Suprema para eludir las auditorías de la Contraloría General de la República (CGR). Los impulsores fueron actuales senadores y diputados, varios de ellos imputados y hasta gobernadores recientemente electos. Numerosos administradores que pidieron la “inconstitucionalidad” fueron destituidos por el Congreso.

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Numerosos exintendentes y exgobernadores que recurrieron a la Corte para no rendir gastos a la Contraloría fueron investigados, procesados y hasta condenados. Varios de ellos fueron destituidos o llegaron al Congreso (ver la infografía).

Entre los que llegaron al Legislativo, el actual senador Blas Lanzoni (PLRA-llanista), siendo gobernador de Central recurrió a la Sala Constitucional en 2017 para no rendir cuentas a la CGR y remitir sus rendiciones sin revisión alguna al Tribunal de Cuentas del Poder Judicial.

El senador Víctor Bogado (ANR, cartista), acusado por estafa por el caso de la “niñera de oro” Gabriela Quintana, siendo titular de la Cámara de Diputados, también recurrió a la Corte en 2012. En esta época realizó todo tipo de contrataciones irregulares.

El diputado Tomás Rivas (ANR, cartista), imputado por tener “caseros” pagados por el Congreso, también recurrió a la Corte en 2013 para eludir a la Contraloría siendo gobernador de Paraguarí. Lo mismo hicieron los diputados colorados cartistas Pedro Alliana en 2012 siendo gobernador de Ñeembucú y Basilio Núñez en 2009 siendo intendente de Villa Hayes.

El diputado Sergio Rojas (PLRA, llanista), como titular del SNPP también judicializó su rendición en el 2013, a poco de dejar el cargo.

El actual gobernador de Caaguazú, Alejo Ríos (PLRA), accionó siendo intendente de la ciudad homónima en 2013 y el gobernador de Ñeembucú Luis Benítez (ANR) hizo lo mismo siendo intendente de Pilar. El exsenador Nelson Aguinagalde (ANR), imputado por supuesto desvío siendo gobernador de Alto Paraná, también recurrió a la Corte en 2009. Actuó de la misma manera el exdiputado Óscar Núñez (ANR, cartista), procesado por supuesto caso de corrupción como gobernador de Presidente Hayes.

La Fiscalía General del Estado también elude la Contraloría desde la era de Rubén Candia Amarilla (2009) y en la de Javier Díaz Verón en 2011. Hoy día este último está preso por enriquecimiento ilícito.

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