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“Una ley que será fuertemente analizada es ley de la Función Pública y sus modificaciones. Justamente es para darles un ordenamiento a todas las instituciones públicas. Será una ley muy necesaria para el Estado”, indicó el parlamentario.
El objetivo de la propuesta legislativa es efectuar algunos ordenamientos salariales para evitar el pago irregular de servicios supuestamente prestados por los funcionarios estatales.
La propuesta será remitida a las cámaras en el mes de marzo del año próximo, según autoridades de la Secretaría de la Función Pública.
La iniciativa buscará reorganizar el esquema de aguinaldos, dobles aguinaldos y bonificaciones.
La propuesta normativa es estudiada por los miembros de dicha secretaría con la cooperación de especialistas de organismos internacionales que pretenden socializar el anteproyecto con las instituciones involucradas sobre el tema.
Un total de 80 instituciones públicas que eludieron aplicar la matriz salarial, con sus límites en los pagos y otras regulaciones, serían integradas al sistema en 2016 mediante la normativa a ser planteada.
El ministro Humberto Peralta, de la Secretaría de la Función Pública, está realizando un intenso lobby con los parlamentarios de ambas cámaras, a fin de obtener apoyo para el proyecto que impulsa.