CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional).Los fiscales Analía Rodríguez y Elvio Aguilera son quienes investigan a los tres mencionados, por coacción, daño a cosas de interés común y transgresión a la ley de fueros, incluso cuando este último punto fue anulado por la jueza Alba Meza.
Los agentes pidieron al juez Amílcar Marecos autorización para una inspección psicológica y psiquiátrica para Paraguayo Cubas porque, alegan, él demostró en reiteradas ocasiones “conductas transgresoras que ameritan una evaluación exhaustiva acerca de su estado de salud mental y personalidad”.
“En este caso en particular debe atenderse lo impuesto en el artículo 79 del Código Procesal Penal, que articula lo siguiente: examen mental. Cuando las características del hecho puedan suponer la existencia de grave perturbación de la conciencia, el imputado será sometido a un examen mental”, añade el escrito. Los fiscales piden la designación de Cristhian David Verdún, de Medicina Forense del Ministerio Público, y de Cinthia Oviedo, forense del Poder Judicial, para dictaminar sobre la personalidad y la situación psiquiátrica de Cubas.
El proceso por el cual este se halla en la penitenciaría regional y Brítez y Miranda tienen prisión domiciliaria, comenzó el 15 de setiembre, cuando los tres pintaron en paredes del Ministerio Público las palabras “bandida” y “ladrón” dirigidas a los fiscales Cinthia Leiva y Alfredo Ramos Manzur, por no investigar los hechos de corrupción denunciados contra la intendenta local, Sandra McLeod de Zacarías (ANR), y de su marido Javier Zacarías (ANR), quienes gobiernan la Municipalidad desde hace más de 15 años.
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Paralelo a ese proceso, Cubas soporta otro, por coacción, daños, resistencia y violación de la ley del Marchódromo, imputación del fiscal Troadio Galeano en Caaguazú. En ese caso, el abogado Nicolás Russo pidió la nulidad del acta de imputación porque no estaba oficialmente prohibido manifestarse sobre la Ruta VII a los campesinos que allí protestaban cuando Cubas se sumó a ellos. También recusó al juez del caso, Ángel Baranda.
A partir de esta recusación, según Russo: “Todos los abogados del país deberán inhibirse de la causa porque la Asociación de Magistrados del Paraguay emitió un comunicado en contra de Cubas cuando este defecó en el despacho de Amílcar Marecos. Tendría que nombrarse a antiguos abogados para que juzguen el caso”.
Independiente a estas acciones, ante la Corte Suprema de Justicia, Nicolás Russo y la abogada Yolanda Paredes, esposa de Paraguayo Cubas, presentaron en representación de este un hábeas corpus genérico reclamando su libertad y denunciando la criminalización del derecho a protestar. Entre otras cosas, se menciona en el documento el hecho de que la fiscala Rodríguez haya presentado imputaciones contra Cubas, Brítez y Miranda por pintar grafitis.
Además de cuestionar los delitos por los cuales se abrió el proceso, se cuestiona que la representante del Ministerio Público no se haya apartado del caso, siendo esposa del secretario general de la Municipalidad local, Óscar Ocampos, resaltándose que la causa judicial sería parte de una persecución política por las denuncias realizadas contra los Zacarías.
Cintarazos y algo más
Los abogados Paraguayo Cubas y Jorge Brítez y el concejal municipal Celso “Kelembu” Miranda están procesados por pintar grafitis en paredes de la Fiscalía. Pero además, Cubas, cuando acudió a la audiencia de imposición de medidas, casi agredió a cintarazos al magistrado Amílcar Marecos, le arrojó botellas de agua y defecó en su despacho. Esta acción del abogado motivó un fuerte debate en las redes sociales, con expresiones de rechazo y, la mayoría de respaldo. Muchos ciudadanos señalaron que solamente con medidas extremas es posible llamar la atención sobre la corrupción generalizada en el Poder Judicial y la impunidad de la que gozan los corruptos, especialmente en Ciudad del Este.