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“Alguien tiene que ser responsable de esto, en este caso el director jurídico de la Municipalidad (José Enrique García), él es la cabeza de una dirección que es la que tiene que estar velando por los intereses de la municipalidad”, manifestó. “Estamos ante un cohecho pasivo, si todo estaba arreglado como se venía diciendo”, insistió.
Tres años de cárcel
El artículo 300 inciso 1º del Código Penal establece que: “El funcionario que solicitara, se dejara prometer o aceptara un beneficio a cambio de una contraprestación proveniente de una conducta propia del servicio que haya realizado o que realizará en el futuro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”.
El profesional también coincidió en que la Superintendencia de Tribunales deberá iniciar una investigación porque si García dice que presentó la apelación, pero esta no figura en el sistema como finalmente se confirmó, se está ante otro hecho punible: la falsificación de instrumento público en pleno Poder Judicial.
“Alguien llevó ese expediente. Hay que averiguar quien; y por sobre todo ver a quién pertenece la firma que aparece al pie y que según las publicaciones no pertenece a la actuaria”, significó.
Samaniego estuvo a cargo del caso Ivesur por varios años. La demanda se había iniciado ya en el 2011 cuando la Municipalidad se negó a renovar contrato con la firma, sin pasar por una nueva licitación.