PLRA apoya a gobernador de Cordillera electo en diciembre

El directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) resolvió ayer en forma unánime respaldar institucionalmente al gobernador de Cordillera, Mario Fatecha, elegido en diciembre último. Los colorados y una liberal unieron fuerzas para derrocar al mencionado y ubicar a Lorena Almada (PLRA) como segunda gobernadora.

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CAACUPÉ, Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). Ayer se llevó a cabo la sesión extraordinaria del directorio liberal, donde los 13 intendentes y el presidenciable Efraín Alegre acordaron respaldar en forma institucional al gobernador elegido en las urnas, Mario Fatecha, ante el atropello llevado a cabo para sacarlo del cargo.

El martes último ocho concejales departamentales colorados, aliados con la liberal Lorena Almada, en una maratónica jornada realizaron 4 sesiones extraordinarias en las que revocaron el acta que aceptó la renuncia del gobernador Carlos María López y se eligió a Fatecha como sucesor. Asimismo, luego de renovar la mesa directiva eligieron a Almada como gobernadora de Cordillera.

Alegre no desaprovechó la oportunidad para apuntar y culpar de lo ocurrido a Horacio Cartes, diciendo que el mandatario siempre está donde se trata de posicionar a leales simpatizantes en sitios importantes con el propósito de desestabilizar y perjudicar a potenciales adversarios electorales. Al culminar la sesión, los presentes realizaron una marcha hasta la gobernación.

El diputado Milciades Duré manifestó que recién ayer pudieron tener acceso a copias autenticadas de las actas 14, 15, 16 y 17 del 7 de marzo, para promover una demanda de nulidad y solicitar una medida cautelar de urgencia que suspenda sus efectos.

Irregularidades

Para revocar una resolución se necesita de dos tercios de los votos de los concejales. La Junta Departamental cuenta con 16 miembros y se requerían 11 votos, pero en la sesiones maratónicas solo estuvieron 9 ediles, ocho de la bancada colorada y Almada del PLRA. Resaltaron que se tienen solo cinco días hábiles para convocar a sesión y revocar una resolución, como la dictada el 29 de diciembre, lo que tampoco se cumplió.

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