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El diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA), titular de la comisión especial destinada a reglamentar el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre la pérdida de investidura parlamentaria, presentó ayer ante el pleno de la Cámara Baja las conclusiones del órgano asesor.
Los legisladores miembros, tras consultar con algunos expertos jurídicos, resolvieron presentar dos proyectos que debían ser analizados en la víspera. Finalmente, no tuvieron entrada y el tratamiento quedó pendiente.
Propuesta de blindaje
El proyecto de “blindaje” que tendría mayoría plantea que sean los tribunales de la Justicia Electoral, un órgano altamente politizado y refugio de los cupos para operadores políticos y planilleros, la instancia que defina la destitución de un legislador acusado de tráfico de influencias.
La propuesta fija que el Tribunal Electoral de la Capital (TEC) juzgue al legislador en primera instancia respetando el debido proceso y con la participación de un “fiscal de turno”.
Así también, fija que la apelación sea revisada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), integrado por su titular Jaime Bestard (ANR, cartista), Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) y María Elena Wapenka (PRF).
Sistema actual
Por otro lado, la otra propuesta es mantener el sistema actual de juzgamiento por los propios legisladores reuniendo una mayoría simple de cada cámara (ver la infografía).
Vera Bejarano señaló que integraron la citada comisión los diputados Éver Noguera (ANR, Añetete); Rodrigo Blanco (PLRA, efrainista); Manuel Trinidad (PLRA, llanista); Miguel Ángel del Puerto (ANR, cartista); el imputado Jorge Brítez (Cruzada Nacional); Norma Camacho (PEN) y Walter Harms (ANR, cartista).
Agregó que los expertos consultados fueron: Luis Lezcano Claude, Jorge Bogarín y María Victoria Rivas, además de la colaboración del Dr. Marcelino Gauto.
Antecedentes
A fines del periodo pasado, la Cámara de Diputados aprobó una reglamentación de la pérdida de investidura calificada por ley de “autoblindaje” y “autobandidaje” porque establecía que el legislador debía estar condenado por la Justicia para ser destituido.
La norma tuvo una vigencia muy breve y fue derogada por ambas cámaras en este periodo. Ahora los legisladores vuelven a buscar protección.