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La propuesta legislativa del diputado Rubín, “que establece responsabilidad patrimonial e indemnización por daños y perjuicios a automotores privados”, busca reglamentar parte del artículo 39 de la Constitución Nacional y, al mismo tiempo, se suma al intenso debate electoralista sobre quién tiene la responsabilidad de solucionar los baches en Asunción y otras localidades.
El proyecto de ley establece que cada uno de los ente mencionados destine un monto en su presupuesto para cubrir las indemnizaciones.
En el caso de los municipios, los intendentes deberán cubrir el 25% de los pagos y los concejales otro 25%, entre todos. En el caso de la Essap y el MOPC, sus titulares deberán afrontar el 50% del pago.
A quienes quieran aprovecharse de la ley, promoviendo un reclamo notoriamente improcedente o que sea declarado infundada o con dolo y mala fe, se les establece una multa de 200 jornales (G. 14 millones).
En cuanto a los requisitos, plazos y procesos para exigir las indemnizaciones, el proyecto del diputado Rubín simplemente deja su definición a cargo de un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo.
En su justificación, el legislador del departamento Central admite que puede parecer absurdo buscar esta reglamentación. No obstante indica que es aún más absurdo no gozar de un marco regulatorio patrimonial ante los hechos que causa la irresponsabilidad de organismo y entidades del Estado.
Agregó que esta propuesta también pasará a ser un “incentivo” para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
El proyecto de ley tendrá entrada oficial en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la próxima semana y será girado a las comisiones de Obras Públicas y Comunicaciones y a la de Legislación, para un previo dictamen para su tratamiento en plenaria.