Plantean ley para que Estado disponga de bienes de narcos

Diputados presentaron ayer, en audiencia pública, un proyecto de ley para que el Estado pueda decomisar y disponer de los vehículos y bienes incautados a narcotraficantes. La Corte, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y de Defensa se mostraron a favor, pero pidieron numerosas modificaciones.

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El proyecto de ley “de extinción de dominio” fue redactado por el diputado colorado Éber Ovelar, exfiscal adjunto.

La iniciativa fue puesta a consideración de los diversos órganos involucrados durante una audiencia pública convocada por la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, que preside el diputado liberal Carlos Portillo.

Ovelar indicó que el objetivo de la ley es disponer de los bienes incautados a narcos, secuestradores y otros delincuentes para ponerlos a disposición del Estado ya sean estancias, automóviles o avionetas.

De esta manera cuantiosos inmuebles y cientos de vehículos “que se pudren” en los depósitos de la Fiscalía podrían venderse o incluirse en la logística de la Senad o las FF.AA.

El legislador admitió que artículos del Código Penal tratan sobre este punto, sin embargo, sostuvo nunca fue ejecutado.

Federico Espinoza, fiscal adjunto de Delitos Económicos, felicitó la iniciativa pero pidió varias modificaciones de fondo y forma. Carmelo Valdez de Defensa, pidió que los vehículos y aviones decomisados puedan ser usados mientras duren los juicios.

El ministro de la Senad, Luis Rojas, celebró la iniciativa y fue quien pidió que lo recaudado del decomiso se use en reparación social. También pidió crear un consejo administrador.

Por su parte el ministro del Interior, Francisco de Vargas, solicitó incluir el decomiso de empresas y bienes rurales, como ganado. “En Brasil, el Gobierno incautó un equipo de fútbol”, recordó el secretario de Estado.

También acompañó la propuesta de crear un fondo destinado a reparar el daño social que causa el tráfico de drogas y otros ilícitos.

Ovelar aseguró que “no estaba casado con el proyecto” y que incluirá todas las recomendaciones y modificaciones dictadas por los representantes del Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, la Cartera de Defensa y otras entidades.

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