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El anteproyecto de ley plantea que los organizadores, responsables de la emisión y distribución de entradas a espectáculos futbolísticos o cualquier persona, que provea de forma gratuita o, sin pagar el precio correspondiente, a personas que integren las barras sufrirán una pena de hasta cinco años o multa. La misma pena sufrirán los directivos de las empresas que financien a dichos grupos.
El fiscal manifiesta que la propuesta es el resultado de un análisis atendiendo a los hechos de violencia generados por los grupos de barras bravas que ponen en riesgo la integridad física y la vida de las personas. Considera que la norma permitirá al Ministerio Público tener una herramienta para impulsar la acción penal pública, hacia las personas que financian a las barras de clubes con gran convocatoria. Expresa que hoy día, a pesar de la rigurosa persecución penal, estos grupos se han incrementado en el número de sus integrantes como en el grado de violencia, por no encontrarse a la altura de las circunstancias de los diferentes actores sociales vinculados al fútbol.
Fuster menciona que es bien sabido que el fútbol profesional está administrado por clubes ligados a una asociación, que son entidades privadas, por ende el derecho de admisión incumbe a los mismos organizadores y administradores de sus intereses. Cuestiona que se privilegie a barras bravas con el ingreso gratuito sin observar si los mismos poseen antecedentes penales o prohibiciones de ingreso a espectáculos deportivos.