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El abogado Rodolfo Aseretto presentó esa acción ante la directora de Derechos Étnicos, Dra. Dora Penayo, en calidad de asesor del Ministerio de la Defensa Pública. El mes pasado presentó una denuncia y en esta ocasión ratifica y amplía.
La presentación se argumenta en base al inciso segundo del Art. 268 de la Constitución, que manda a la Fiscalía General del Estado “promover acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas”.
Refiere a numerosos casos en que tierras indígenas están siendo arrendadas por otras personas en contravención a disposiciones legales bien específicas que menciona en su escrito.
En el departamento de Caaguazú, en Arroyo Guasu Guajayvi, existe 1.900 hectáreas para 80 familias, de las cuales están alquiladas o arrendadas 1.400 hectáreas; en Ypachy, 470 hectáreas para 75 familias y están arrendadas 200 hectáreas; en Mbokaja’i, 180 hectáreas para 40 familias y arrendadas 80 hectáreas; en Yvycu’i Jovái, 150 hectáreas para 25 familias, y están arrendadas 100 hectáreas.
También en el departamento del Alto Paraná, en el distrito Itakyry, están arrendadas 313 hectáreas de la comunidad ava guaraní Mcal. López; 368 hectáreas de la comunidad Guaraní Uruku Poty; 576 hectáreas de la comunidad ava guaraní Tekoha Pyahu; dos fincas, una de 1001 hectáreas y otra de 500 hectáreas, de la comunidad ava guaraní Ka’aguy Poty; y 202 hectáreas de la comunidad ava guaraní Ka’aguy Yvate del distrito de Hernandarias.
En todos estos casos citados, la arrendataria es Renilson Maia de Souza, y tiene contrato hasta el año 2018.
Aseretto pide a la justicia que declare la nulidad de los arrendamientos realizados en detrimento de los indígenas. También que los responsables de los ilícitos sean procesados y condenados, así como el pago de la indemnización de parte de los “arrendatarios”, y en caso de ser extranjeros, aplicar multas e indemnizaciones y la expulsión del país, a través de la revocatoria de su residencia. También pide llamar y declarar a periodistas de nuestro diario que publicaron el tema en junio.