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ACAHAY, Paraguarí (Aldo Lezcano, corresponsal). Una manifestación de repudio “a la inacción gubernamental”, que incluyó cierres intermitentes del ramal que une esta ciudad con Carapeguá, realizaron familiares y amigos del sargento Hugo Alberto Candia Benítez (28), uno de los ocho militares asesinados el 27 de agosto último en Arroyito. Exigieron justicia para los militares caídos y la renuncia del ministro del Interior, Francisco de Vargas, y del jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), Gral. José Alvarenga. Unas doscientas personas se sumaron a la protesta de la que participaron miembros de la Junta Municipal, docentes y estudiantes de esta ciudad.
Durante los discursos, Lilian Candia, hermana de la víctima, expresó que el país debe liberarse de la narcopolítica y reclamó que no quede impune tan cobarde asesinato. Dijo que están indignados con el Gobierno por su inacción. Pidió que se investiguen las denuncias de corrupción en las FF.AA. “Y usted señor presidente, si le queda grande el cargo, renuncie, porque los paraguayos estamos cansados que nos traten como títeres”, expresó. Candia pidió que Alvarenga explique qué motivó para que 8 uniformados fueran a exponerse en un solo vehículo. “¿En qué se invierte el dinero destinado para supuestamente combatir la guerrilla, ya que los mismos militares compran los equipos; por qué ocupa el cargo de ministro del Interior una persona no capacitada para el efecto; por qué Cartes no destituye a los comandantes que desobedecieron su orden; y qué impide para aceptar la ayuda internacional para combatir la guerrilla?, preguntó la mujer.
Demetrio Candia, padre del sargento, acusó que su hijo fue utilizado de carnada por los superiores de la FTP. Dijo que el militar ese día a las 06:00 entregó la guardia, luego de 24 horas, y que debía retornar inmediatamente a su base de Villarrica, pero que llamativamente ya en su tiempo de descanso fue enviado con los demás en un camión sin seguridad alguna.
No hubo medidas
El presidente Cartes no tomó ninguna medida a nivel militar por el cobarde asesinato de ocho uniformados en Arroyito. Ningún jefe militar perdió su cargo. El mandatario declaró que tomaba personalmente el combate al grupo criminal EPP, hizo algunos aspavientos ante los máximos jefes militares en Concepción, y luego el caso quedó en la nada.