Cargando...
Dijo también que en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia se detalla sobre adjudicación de tierras malhabidas que no fueron recuperadas por el Estado. Recordó que desde el 2004, a través de la Procuraduría General de la República, se han presentado 50 demandas de nulidad de título ante juzgados de primera instancia. De las mismas solo fueron resueltas con sentencia definitiva tres casos, pero en contra del Estado paraguayo y a favor de detentadores ilegales de las tierras. “Los fundamentos judiciales para el rechazo de las demandas son inconstitucionales e ilegales, y son hasta ridículas”, expresó.
Sostuvo que las tierras malhabidas son bienes robados al Estado y recalcó que “lo robado no puede blanquearse ni legalizarse nunca”. Concluyó con que las tierras malhabidas, además de ser un fraude, un robo al Estado, “es una violación a los derechos humanos de los campesinos e indígenas, porque esas tierras estaban destinadas para ellos, para gente en extrema pobreza que no tiene otra forma de ganarse la vida”.