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Mercosul, representado por Blas Nicolás Piris Rivas, remitió una nota al procurador general de la República, Pedro Valiente, en la que relata la situación de los silos que la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) posee en Paranaguá, Brasil, y pide su intervención.
En la nota, relatan que el 6 de mayo pasado representantes de la ANNP se constituyeron en los silos de Paranaguá a los efectos de tomar posesión de las instalaciones y entregarlas posteriormente al Consorcio Mercosul a fin de iniciar la ejecución del contrato de “Alianza Público Privada para la Administración y Explotación Comercial de la Terminal de Granos del Depósito Franco Paraguayo en Paranaguá-Brasil”.
Sin embargo, la toma de posesión no pudo llevarse a cabo debido a medidas cautelares de retención de inmueble promovidas y obtenidas por la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) y la firma AGTL, en el Brasil.
“La actitud asumida por Capeco-AGTL constituye una demostración de absoluta mala fe, en atención a que su contrato ha fenecido en fecha 4 de mayo de 2013, en directo detrimento de los intereses del Estado paraguayo, dado que su actuar priva a la ANNP de mantener el control sobre su patrimonio estratégico desde el punto de vista económico”, dice el escrito del Consorcio Mercosul.
Agrega que ante la negativa para la entrega de la propiedad intentan despojar al Estado de un poco más de US$ 9 millones en concepto de retención por mejoras.
“Privan al Estado de percibir 0,60 dólares más por tonelada de grano, en atención a que nuestra firma contractualmente se encuentra obligada al pago de 0,90 dólares por tonelada, mientras que Capeco-AGTL solo abona la suma de 0,30 dólares por tonelada, suma esta última que se mantendría mientras tanto subsistan los medidas cautelares, en caso de que el Estado no logre revertir la situación”, expresa el documento dirigido al procurador.
Más pérdidas
A esto hay que agregar que Capeco-AGTL no se encuentra constreñida a un mínimo de toneladas por año, cuando que el Consorcio Mercosul se encuentra obligada al pago mínimo de US$ 900.000, equivalentes a un millón de toneladas. Según informaciones recabadas, anualmente Capeco-AGTL no abona al Estado una suma superior a los US$ 250.000.
Hay que agregar además que habiendo transcurrido más de quince días del vencimiento del contrato de Capeco-AGTL, se ha creado otro perjuicio al Estado por valor de US$ 3 millones, en atención a que se imposibilita que el Consorcio Mercosul pague la prima inicial establecida e, igualmente, a que se realice la inversión comprometida contractualmente.
Si bien la ANNP, mediante su representante legal en Paranaguá, el abogado Silvio Gori, presentó un escrito refutando las pretensiones de Capeco-AGTL, llamativamente, el presidente de Puertos, Fernando Nicora, pretende cambiar a Gori, con el argumento de que sus honorarios son muy elevados.
Este hecho generó preocupación entre los mismos funcionarios del ente, que temen que una mala defensa podría significar mayores perjuicios para el Estado.
jtorres@abc.com.py