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El Centro de Estudios Judiciales (CEJ) propone temas prioritarios en la agenda pública para iniciar el debate de la reforma judicial en el país, sobre la base de un abordaje estratégico basado en la institucionalidad.
Este “Pacto Social para la reforma del Poder Judicial” requiere del concurso de los distintos sectores de la sociedad paraguaya, para llevar adelante la renovación de la composición y funcionamiento de la Corte.
En este contexto, el CEJ recuerda los diez temas urgentes para una reforma judicial profunda, que deben incluir en la agenda pública para dejar atrás la estructura, vieja, obsoleta e ineficiente del Poder Judicial. “Estos temas tienen como ejes la redefinición de la Corte Suprema de Justicia, la redefinición del gobierno judicial, el reordenamiento de competencias, la consolidación de la modernización de tribunales, la creación de la carrera judicial y la participación ciudadana y acceso a la justicia”, dice el centro dirigido por la abogada María Victoria Rivas.
La propuesta de reforma judicial del CEJ tiene como primer punto la renovación de la composición y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, que contemple el juicio político escalonado a los ministros, como un mecanismo constitucional y democrático donde las responsabilidades individuales confirmen o remuevan a los miembros de la máxima instancia judicial.
“La crisis generada en el ámbito político es una oportunidad para avanzar hacia el genuino interés de transformar el sistema judicial, acogiendo el interés ciudadano y no solo se limite a intereses sectarios”, dice otra parte del escrito del Centro de Estudios Judiciales, que siempre trabajó sobre la administración judicial.
La Corte Suprema de Justicia actualmente está integrada por los ministros colorados José Raúl Torres Kirmser, Antonio Fretes, César Garay Zuccolillo, Alicia Pucheta de Correa, Luis María Benítez Riera y Víctor Núñez; y los liberales Óscar Bajac, Sindulfo Blanco y Gladys Bareiro de Módica.