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Tras la reunión mantenida con el presidente de la Cámara Baja, Hugo Velázquez (ANR), Juan Antonio Mereles, funcionario en de la cárcel de Tacumbú, dijo ayer que la nueva norma hará que dejen de regirse por la Ley 1626 de la Función Pública, que no consideran adecuada para la naturaleza del trabajo.
Destacó que sus tareas son muy riesgosas y que varios de sus compañeros han perdido la vida. Recordemos que el viernes 10 de junio pasado se produjo un incendio en uno de los pabellones de Tacumbú, donde fallecieron seis personas (un jefe de seguridad del penal y cinco reclusos). Casi un centenar de internos quedaron con problemas respiratorios.
Mereles apuntó que, actualmente, son una suerte de funcionarios civiles con responsabilidades policiales. Destacó que la ley que los rige determina que pueden jubilarse con 40 años de servicio y 65 años de edad, lo cual no se condice con la clase de labor que cumplen. La nueva ley establece 30 años de servicio para la jubilación, sin tomar en cuenta la edad.
Otras modificaciones se refieren a beneficios salariales por antigüedad, seguro médico, seguro de vida y la habilitación para portar armas, que actualmente les está vedada.
Según indicó Mereles, el proyecto se encuentra desde hace varios meses en la comisión parlamentaria y la anterior ministra Sheila Abed había pedido que se retrase el estudio.
Destacó que el trágico fallecimiento de uno de sus compañeros en el incendió les empujó a solicitar que se acelere el estudio de la nueva ley.