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Alrededor de US$ 45 millones es lo que la Corte proyecta repartir en el 2018 a sus funcionarios, de acuerdo al presupuesto aprobado. Aproximadamente, el 80 por ciento del referido monto se cubrirá con los ingresos propios del Poder Judicial. Es decir, lo que se recauda en concepto de tasas.
El total del presupuesto de la Corte es de G. 1 billón 328.000 millones y tuvo un incremento de G. 16.230 millones, en comparación con el año pasado, que fue de G. 1 billón 311.000 millones.
El 76 por ciento del presupuesto, unos G. 1 billón 10.000 millones, es para el pago de sueldos, gastos de representación y aguinaldo, de los casi 12.000 funcionarios permanentes y alrededor de 2.000 contratados.
Por otro lado, la máxima instancia judicial ya solicitó al Congreso una ampliación de G. 92.800 millones de su presupuesto al Congreso. Alegó que su proyecto tuvo un recorte importante en el Legislativo y que afecta a rubros muy sensibles. Refiere entre ellos, lo que respecta a construcciones, adquisición de papel, tinta y tóner.
“En ese sentido, resulta importante mencionar que en el marco de fortalecer, transparentar y modernizar el Poder Judicial, que uno de los Objetivos Estratégicos definido en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 es: obtener y gestionar un presupuesto adecuado, así como el mejoramiento de la prestación del servicio de justicia para la satisfacción de los usuarios”, dice la Corte para justificar el pedido de ampliación al Congreso.
Quejas
El “mejoramiento del servicio” es un argumento que todos los años utilizan las autoridades judiciales para solicitar mayor presupuesto. Sin embargo, hasta ahora continúan las quejas de los usuarios de justicias.
Precisamente las quejas van en contra del pésimo servicio que presta el Poder Judicial, así como la mora y la dilación de los procesos.
En reiteradas ocasiones, los ministros prometieron reducir la mora, acelerar los procesos y mejorar la atención a la gente que a diario recurre al Poder Judicial.
Se hicieron incluso auditorías en los diferentes fueros, entre ellos el área civil. El trabajo concluyó que en muchos juzgados no se dictan las resoluciones en el plazo establecido. A raíz de ello, la Corte envió más funcionarios para acelerar los trámites, pero en el transcurso del tiempo todo quedó en la nada y ningún juez fue sancionado. La mora, es mal desempeño en funciones y por tanto es causal de destitución por el Jurado de Enjuiciamiento.
En el fuero de la Niñez también hay muchas quejas. Hubo auditoría que la Corte nunca dio a conocer y se desconoce si se tomaron medidas correctivas.
En el fuero penal se buscó acelerar los procesos, pero tampoco se logró. La Corte no sancionó y la impunidad permite que todo siga igual.