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Consideran que de aplicarse la medida casará daño a los productores más vulnerables y que no será otra cosa que una “retención confiscatoria que castiga únicamente a los agricultores que progresan día a día gracias a la producción de ese grano”.
Aurio Frighetto, dirigente de la CAP del Alto Paraná, dijo que más de 700.000 hectáreas son de pequeños productores con menos de 20 hectáreas cada uno y tienen como rubro principal la soja. “Casi un millón de hectáreas dejarán de producir a nivel país si es que se aprueba este impuesto”, dijo y lamentó que con ese impuesto se pretende satisfacer caprichos políticos.
Por su parte, Esteban Esteche, pequeño productor de San Pedro, señaló que varios pequeños productores dejarán de producir si se les ponen trabas. “Algunos estamos empezando recién a trabajar en el rubro y nos cuesta, pero cumplimos con el Estado y pagamos todos los impuestos que tenemos que pagar. Exigimos más justicia para los campesinos que producimos soja”, recalcó.
A su vez, Cristi Zorrilla, titular de la CAP filial Caaguazú, calificó de abusivo la pretensión tributaria, “ya que no te cobran por la ganancia sino que te confiscan directamente un porcentaje, independientemente de si sale bien o no el cultivo o de cómo se estén comportando los precios en la bolsa. Si es así preferiría alquilar mis tierras a los grandes productores”.