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El problema, según el funcionario, se dio por la forma en que la justicia dispuso las costas del juicio y por tanto la regulación de los honorarios, beneficiando al representante legal de los Antebi, en ese momento, Felino Amarilla.
Los abogados de la procuraduría se sintieron agraviados, sosteniendo que el precio final establecido para las 220 mil hectáreas de propiedad de Antebi fue de US$ 35 millones, sensiblemente inferior a los US$ 230 millones que solicitaba el abogado del propietario. La procuraduría entiende que el éxito en este caso fue de ellos al reducir las pretensiones del propietario y por tanto debería haber una nueva regulación de los honorarios.
Al respecto, el abogado Amarilla ya fue beneficiado en un juicio que hizo por la regulación de sus honorarios y esto motivó el remate de parte de las tierras de Antebi que no habían sido afectadas por la expropiación. De tener éxito el planteo de la procuraduría, se anularía dicho remate y se establecería un nuevo reparto de las costas entre Amarilla y los abogados que defienden los intereses del Estado.
Por otro lado, Barreiro Perrota confirmó que en setiembre de 2002 había cursado notas a los presidentes de ambas cámaras del Congreso manifestando su sorpresa por publicaciones periodísticas sobre un proyecto de emisión de bonos por US$ 45 millones para pagar las tierras de Antebi. En esa nota, informaba que existía un preacuerdo con el propietario para el pago de la expropiación sobre la base de US$ 22.400.000.
Posteriormente, los propietarios desestimaron este preacuerdo con los representantes del gobierno, indicó Barreiro Perrota, obviamente porque les era mucho más conveniente la cifra que se estaba manejando en la esfera parlamentaria.
Los abogados de la procuraduría se sintieron agraviados, sosteniendo que el precio final establecido para las 220 mil hectáreas de propiedad de Antebi fue de US$ 35 millones, sensiblemente inferior a los US$ 230 millones que solicitaba el abogado del propietario. La procuraduría entiende que el éxito en este caso fue de ellos al reducir las pretensiones del propietario y por tanto debería haber una nueva regulación de los honorarios.
Al respecto, el abogado Amarilla ya fue beneficiado en un juicio que hizo por la regulación de sus honorarios y esto motivó el remate de parte de las tierras de Antebi que no habían sido afectadas por la expropiación. De tener éxito el planteo de la procuraduría, se anularía dicho remate y se establecería un nuevo reparto de las costas entre Amarilla y los abogados que defienden los intereses del Estado.
Por otro lado, Barreiro Perrota confirmó que en setiembre de 2002 había cursado notas a los presidentes de ambas cámaras del Congreso manifestando su sorpresa por publicaciones periodísticas sobre un proyecto de emisión de bonos por US$ 45 millones para pagar las tierras de Antebi. En esa nota, informaba que existía un preacuerdo con el propietario para el pago de la expropiación sobre la base de US$ 22.400.000.
Posteriormente, los propietarios desestimaron este preacuerdo con los representantes del gobierno, indicó Barreiro Perrota, obviamente porque les era mucho más conveniente la cifra que se estaba manejando en la esfera parlamentaria.