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En el tema de las tierras reclamadas por la familia Arza Huerta, la Fuerza Aérea Paraguaya no puede participar en el litigio judicial.
La representación jurídica de las instituciones del Estado es responsabilidad de la Procuraduría General de la República.
La Fuerza Aérea ni siquiera fue convidada de piedra dado que la anterior administración de la Procuraduría General, responsabilidad de Pedro Valiente Lara, simplemente ignoró a la institución militar.
Se llegó al extremo de que el acuerdo conciliatorio entre el Estado y la familia Arza Huerta no fue puesto a conocimiento de la Fuerza Aérea, tampoco del Comando de Fuerzas Militares ni el Ministerio de Defensa Nacional.
Pedro Valiente Lara, en abierta violación del Código Civil, firmó el acuerdo conciliatorio sin contar con un poder especial otorgado por el Poder Ejecutivo, a través de un decreto autorizando dicho convenio.
La presencia de Pedro Valiente Lara en la Procuraduría General no es casualidad: llegó al cargo de procurador de la mano del senador nacional Miguel Abdón Saguier, como parte de su cupo político siendo presidente de la República el Dr. Federico Franco.
Alianza político-judicial
En el año 2000 los hermanos Mauri y María Carmen Arza Huerta iniciaron un juicio contra la Fuerza Aérea, reclamando reivindicación y restitución de la Finca Nº 11 Padrón 3997 del distrito de Luque.
En la demanda, los hermanos Arza Huerta presentaron un título de propiedad por escritura pública del año 1928 que recién fue inscripto en la Dirección de Registros Públicos en el año 1958, a nombre de su padre, Diógenes Arza.
El certificado de adjudicación de la Finca 11, expedido en la sucesión de Diógenes Arza a favor de sus hijos, Mauri y María Carmen, tiene fecha 23 de febrero de 1999, pero fue inscripto en el Registro de la Propiedad como finca 41.470 el 9 de marzo de 1999.
La tasa judicial agregada en el expediente, para la adjudicación de la finca, tiene fecha 25 de febrero de 1999, sin embargo, el certificado se expidió el 23 de febrero de 1999.
Queda claro que primero se expidió y después se pagó; el procedimiento obliga a abonar primero la tasa judicial y después se gestiona la adjudicación.
Quiere decir que ya lo tenían adjudicado sin que se haya pedido, esto solo puede lograrse en connivencia con el juzgado donde se hizo el trámite.
En el tema de los Arza Huerta tenemos al exsenador Alfredo Jaeggli atropellando la Fuerza Aérea en apoyo al reclamo; al senador Miguel Abdón Saguier como parte del círculo íntimo de la familia; al exprocurador Pedro Valiente Lara, puesto en el cargo por Saguier, y luego firmando el convenio con la familia.
No podemos olvidar a los magistrados Silvino Delvalle y Miguel A. Rodas, quienes participaron en un proceso judicial plagado de irregularidades.
Intención de estafar
El 20 de febrero de 2013 Pedro Valiente Lara firmó el acuerdo conciliatorio con Mauri y María Carmen Arza Huerta, aceptando el pago de 10 millones de dólares en concepto de compra de inmueble; el juicio se inició bajo la figura de reivindicación y restitución.
Este millonario monto corresponde a un inmueble de ocho hectáreas supuestamente localizado dentro del predio de la Fuerza Aérea.
Y aquí viene otro detalle: los Arza Huerta sostienen que sus padres fueron desalojados en forma violenta por los militares en el año 1943, sin embargo el título de propiedad que presentan fue inscripto recién en el año 1958.
A juzgar por los documentos, existe una intención de estafar al Estado: 10 millones de dólares en juego.
Próxima nota: Coincidencia de dictámenes técnicos, la tierra reivindicada no existe.