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El abogado Ezequiel Santagada adelantó que en días más se presentará la respuesta a la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República contra las dos sentencias judiciales, que obligan a hacer públicas las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República.
Santagada señaló que en la respuesta se solicitará que la Corte Suprema de Justicia convoque a una audiencia oral para que las partes presenten sus argumentos. El director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) indicó que plantearán además que la audiencia sea pública y transmitida a través del canal de televisión del Poder Judicial.
“Es uno de los casos de mayor relevancia en materia de acceso a la información pública”, señaló.
Santagada, quien representa al periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano en una demanda contra la Contraloría por negar acceso a información pública, refirió a ABC TV que además solicitarán que la máxima instancia judicial abra el caso para la presentación de “Amicus Curiae” o “Amigos del Tribunal”, es decir, la interpretación de magistrados o abogados especializados en derecho constitucional que no forman parte del proceso pero cuya opinión puede ser relevante para la resolución.
La representación legal del periodista planteará además la recusación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, debido a que ellos son parte interesada, ya que sus declaraciones juradas también están comprendidas dentro de la solicitud original planteada por Lezcano. Pedirán además que la Sala Constitucional se conforme por el pleno de la Corte.
El caso
En mayo de 2018, el juez Rubén Riquelme hizo lugar al amparo promovido por el periodista Juan Carlos Lezcano luego de que la CGR ignorara repetidamente solicitudes de acceso a la información pública.
El Tribunal de Apelación, primera sala, ratificó el pasado 7 de junio la histórica sentencia que había dado en primera instancia el juez Rubén Riquelme.
Mientras decía estar a favor de la transparencia y aseguraba que cumpliría con los dictámenes judiciales, el contralor Enrique García presentó el 4 de julio una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para evitar entregar la información pública.