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El Ejecutivo sostiene que la norma pretende introducir modificaciones que “son contrarias al proceso de transparencia y racionalización de gastos públicos, debilitando los controles, al no exigir la aprobación de la rendición de cuentas, eliminando los límites y topes de gastos en campañas políticas; como así también las sanciones a la violación de los mismos”.
Asegura que “exonerando la aprobación de la rendición de cuentas de los partidos o movimientos políticos, perderíamos el control de una etapa fundamental para la determinación del buen uso del subsidio estatal. El Poder Ejecutivo considera que dicha eliminación va en contra de todo proceso de transparencia...”.