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En la entrevista clandestina lograda en la cárcel de Emboscada la semana pasada, cuando Payo Cubas permanecía aislado y con la orden expresa de no recibir ni hablar con periodistas, el entonces detenido ponderaba la rapidez con que el Ministerio Público actuó contra él y varias personas que realizaron pintatas con leyendas de repudio hacía los corruptos.
Al hablar de su caso y comparar la actuación de la Fiscalía con otros hechos, recordamos el descubrimiento de miles de firmas falsificadas en planillas pro enmienda que fueron presentadas a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Esos hallazgos permitieron la confección de numerosas denuncias en sendos escritos presentados ante el Ministerio Público por políticos y personas que aseguraron haber sido víctimas de la falsificación de sus rúbricas.
Entre los principales denunciados están el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Pedro Alliana, los senadores colorados Juan Darío Monges y Lilian Samaniego y el apoderado de la ANR, Wildo Almirón, entre otros.
Las denuncias se multiplicaron y quienes promovieron esas acciones sindicaron a los promotores como responsables de los delitos de producción y uso de documentos no auténticos.
Pasaron varias semanas de las presentaciones y reiteraciones de las denuncias, pero hasta la fecha nadie está imputado por los graves hechos.
Si embargo los fiscales del Ministerio Público no esperaron días ni semanas para imputar y enviar a prisiones de alta seguridad a quienes se limitaron a pintar leyendas contra hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos abyectos.
“Todos ya deberían estar imputados”, había enfatizado el entonces encarcelado Payo con relación a quienes se esmeraron en preparar carpetas con firmas de centenares de miles de ciudadanos que supuestamente en forma espontánea corrieron entusiasmados a formar fila y esperar turno para firmar a favor de la enmienda.
La no imputación por estos hechos graves a los promotores de las ilicitudes perpetradas evidencia la existencia de un pacto o acuerdo a favor de la impunidad, indicó quien en aquella ocasión era un preso político.
Entendió que ese convenio a favor de los denunciados por delitos graves fue establecido entre el Ministerio Publico, autoridades de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y gente del gobierno involucrada en las falsificaciones.
Payo insistió en la necesidad de que los fiscales del caso inicien sin temor las imputaciones que corresponden para así cumplir con el juramento que hicieron al asumir sus respectivos cargos.
En aquella ocasión, el procesado dijo además que aprovechaba la ocasión para formular un llamado a los estudiantes y los ciudadanos en general a sumarse a las movilizaciones contra los hechos de corrupción.
Las manifestaciones realizadas el año pasado en los colegios y las universidades de la UNA deben repetirse y “tienen que acrecentarse”, enfatizó el dirigente social al indicar que de esa forma empezará.
eruizdiaz@abc.com.py