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La jueza del distrito de Columbia, Estados Unidos de América, Ketanji Brown Jackson presidió ayer la audiencia oral del juicio que mantiene el Estado paraguayo y la aseguradora estatal italiana Sace, por la deuda contraída por el argentino-uruguayo Gustavo Gramont Berres (cuyo nombre verdadero es Benjamín Levy Avzarradel) entre los años 1986 y 1987, durante la dictadura del general Alfredo Stroessner.
Por nuestro país, asistieron el procurador general de la República, Roberto Moreno; y los abogados estadounidenses contratados por el Gobierno: Dane H. Butswinkas, Ana C. Reyes y Richmond T. Moore, del estudio jurídico Williams & Connolly LLP, con sede en Washington, D.C.
En tanto, la Sace estuvo representado por Jonathan Gimblett, del estudio jurídico Covington & Burling LLP.
Los abogados de Paraguay solicitaron la desestimación de la demanda contra nuestro país. El procurador explicó ayer a nuestro diario que la audiencia duró dos horas y media, donde la jueza Brown Jackson “hizo varias preguntas a los abogados sobre diversos aspectos del caso”.
Según Moreno, la magistrada informó que “iba a dictar sentencia, pero no dio plazo”. “En la presente etapa procesal se discutirá exclusivamente la cuestión de si Paraguay tiene o no inmunidad ante las cortes de Wahington D.C.”, dijo. Insistido sobre más detalles, el procurador recordó que el Gobierno paraguayo rechaza el “pago del fraude”.
La firma italiana Sace aseguró la operación bancaria y le reclama US$ 95 millones al Paraguay desde agosto de 2015. Todo se originó porque Gramont falsificó documentos oficiales y obtuvo dos empréstitos del banco Overland Trust de Ginebra (Suiza) para instalar supuestamente en Paraguay dos plantas industriales, que nunca se concretaron.
Antes de desaparecer del sistema financiero, el Overland le vendió los títulos de la deuda a un sindicato de diez bancos internacionales (ver infografía) que tras la caída de Stroessner (febrero de 1989) le reclamaron al Paraguay el pago de la primera cuota. Desde ese entonces, los sucesivos gobiernos paraguayos se negaron a pagar porque consideraron que la deuda es fraudulenta.
Tras la caída de la dictadura, Gramont fue condenado en nuestro país y luego extraditado a Suiza, en tanto que sus cómplices –ejecutivos de la Sace– fueron condenados por la justicia italiana por delitos financieros.