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El anterior procurador general de la República Pedro Valiente Lara comprometió al Estado paraguayo al millonario pago de G. 45.675.000.000 a la familia Arza Huerta, Mauri y María Carmen, como solución al problema derivado del reclamo de la familia, que denunció la usurpación en 1943 de ocho hectáreas de su propiedad, por parte de la Fuerza Aérea. En octubre de 2013 el fiscal general presentó demanda de nulidad de acto jurídico, tras lo cual el juez Miguel Ángel Rodas dispuso suspender la ejecución del acuerdo, como medida cautelar.
La familia afectada, a través del abogado Rodolfo Manuel Aseretto, había recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a demandar al Estado paraguayo por incumplimiento de acuerdo.
Recientemente Aseretto volvió a urgir a la CIDH que se pronuncie sobre “la expresa violación de la Constitución Nacional, Código Civil Paraguayo, Código Procesal Paraguayo”. Reclama la restitución de frutos de la propiedad que corresponde a sus mandantes en estricta justicia, más la indemnización por los daños morales y materiales de que fueron víctimas por parte del Estado paraguayo, específicamente por las Fuerzas Armadas, Comando de la Aeronáutica.
En cuanto a la negativa del Estado paraguayo al pago a la familia Arza Huerta, el abogado señala que los escritos presentados “son meramente dilatorios, pretendiendo eternizar los juicios ya finiquitados en instancia nacional, demostrando así ser litigantes de mala fe, más aún considerando la edad de mis mandantes y el estado de salud de los mismos”.