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Los abogados de Paraguay solicitaron en la audiencia la desestimación de la demanda. El procurador general de la República, Roberto Moreno, explicó a nuestro diario que la magistrada informó que “iba a dictar sentencia, pero no dio plazo”.
Por nuestro país, asistieron en la audiencia oral, Moreno, y los abogados estadounidenses contratados por el Gobierno del estudio jurídico Williams & Connolly LLP, con sede en EE.UU.
“En la presente etapa procesal se discutirá exclusivamente la cuestión de si Paraguay tiene o no inmunidad ante las Cortes de Washington D.C.”, dijo Moreno. Insistido sobre más detalles, el procurador recordó que el Gobierno rechaza el “pago del fraude”.
De acuerdo a los datos, Moreno informará esta semana al presidente de la República, Horacio Cartes, sobre los detalles de la audiencia en Washington.
El Estado paraguayo y la aseguradora estatal italiana Sace litigan por la deuda contraída por el argentino-uruguayo Gustavo Gramont Berres (cuyo nombre verdadero es Benjamín Levy Avzarradel) entre los años 1986 y 1987, durante la dictadura del general Alfredo Stroessner.
La Sace aseguró la operación bancaria y le reclama US$ 95 millones al Paraguay desde agosto de 2015. Todo se originó porque Gramont falsificó documentos oficiales y obtuvo dos empréstitos del banco Overland Trust de Ginebra (Suiza) para instalar supuestamente en Paraguay dos plantas industriales, que nunca se concretaron.
Antes de desaparecer del sistema financiero, el Overland le vendió los títulos de la deuda a un sindicato de diez bancos internacionales que tras la caída de Stroessner (febrero de 1989) le reclamaron al Paraguay el pago de la primera cuota. Desde ese entonces, los sucesivos gobiernos paraguayos se negaron a pagar la deuda fraudulenta.