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Después de la larga dictadura stronista, en la que los derechos humanos prácticamente no tuvieron vigencia, este tema fue una de las "estrellas" del discurso político. Todo el mundo, hasta los torturadores, hablaba de derechos humanos.
Recuerdo que durante el primer periodo legislativo post-Constituyente, muchos se sacaban los ojos por el cargo de defensor del pueblo. Personas ilustres y meritorias aspiraban al cargo, como el profesor Luis Alfonso Resck. Sin embargo, la designación del defensor se fue postergando y postergando por falta de acuerdo político en el Parlamento. Ocurre que se necesitan dos tercios de votos en cada una de las cámaras para la designación.
Tengo la impresión de que entró a tallar aquí una estrategia de nuestros añejos partidos políticos para "enfriar" un tema que no les interesaba demasiado, no sé por qué. Como suele ocurrir, ante la imposibilidad de consensuar una figura para el cargo, se decidió lo más fácil: "transar". Los colorados pusieron a un correlí en la Defensoría y se creó por ley la defensoría adjunta, para un "independiente", que se descontaba sería opositor. Algo así como lo que se hizo con el contralor y subcontralor, que no sirvió nada más que para destrabar la cuestión.
Resulta que al ser tan amplias y vagas las atribuciones del defensor, su eficacia siempre dependerá mucho de quien ocupe el cargo.
Como los DD.HH. ya dejaron de tener la importancia y el estrellato del tiempo de la dictadura y primeros años de la transición, más bien se convirtieron en una "piedra en el zapato" del poder político. Entonces, ¿qué mejor que poner a una persona gris, de perfil bajo, para que las posibles denuncias o casos de violaciones de DD.HH. pasen totalmente desapercibidas?
Si la intención hubiese sido darles a los derechos humanos la importancia que merecen, el Parlamento debió haber elegido para el cargo a una persona de prestigio, honorabilidad y una personalidad como para no inclinarse ante ningún poder. Pero, supongo que una persona así más bien hubiese sido un problema para la clase política.
En las condiciones actuales, la Defensoría no sirve para nada. Inclusive, su tarea se superpone con la de las comisiones de DD.HH. de las cámaras del Parlamento, que atienden permanentemente denuncias de violaciones de DD.HH. y sus actividades tienen mucho más difusión que las de la Defensoría. Se dirá que es una cuestión de que los periodistas no le damos importancia a la institución. Puede ser, pero en general la prensa y los periodistas están allí donde hay noticia, ruido, actividad. No parece el caso de la Defensoría.
El actual defensor extendió por ley del Congreso su mandato, pero es hora de que se elija a uno nuevo. Por ahora, el tema parece no formar parte de la agenda de los legisladores y no existe, como hubo antes, una presión ciudadana para que se renueve este organismo.
Los parlamentarios, como representantes de la ciudadanía, tienen la responsabilidad de cambiar esta situación y hacer que un organismo tan importante, de rango constitucional, realmente funcione para el fin que fue creado.
Recuerdo que durante el primer periodo legislativo post-Constituyente, muchos se sacaban los ojos por el cargo de defensor del pueblo. Personas ilustres y meritorias aspiraban al cargo, como el profesor Luis Alfonso Resck. Sin embargo, la designación del defensor se fue postergando y postergando por falta de acuerdo político en el Parlamento. Ocurre que se necesitan dos tercios de votos en cada una de las cámaras para la designación.
Tengo la impresión de que entró a tallar aquí una estrategia de nuestros añejos partidos políticos para "enfriar" un tema que no les interesaba demasiado, no sé por qué. Como suele ocurrir, ante la imposibilidad de consensuar una figura para el cargo, se decidió lo más fácil: "transar". Los colorados pusieron a un correlí en la Defensoría y se creó por ley la defensoría adjunta, para un "independiente", que se descontaba sería opositor. Algo así como lo que se hizo con el contralor y subcontralor, que no sirvió nada más que para destrabar la cuestión.
Resulta que al ser tan amplias y vagas las atribuciones del defensor, su eficacia siempre dependerá mucho de quien ocupe el cargo.
Como los DD.HH. ya dejaron de tener la importancia y el estrellato del tiempo de la dictadura y primeros años de la transición, más bien se convirtieron en una "piedra en el zapato" del poder político. Entonces, ¿qué mejor que poner a una persona gris, de perfil bajo, para que las posibles denuncias o casos de violaciones de DD.HH. pasen totalmente desapercibidas?
Si la intención hubiese sido darles a los derechos humanos la importancia que merecen, el Parlamento debió haber elegido para el cargo a una persona de prestigio, honorabilidad y una personalidad como para no inclinarse ante ningún poder. Pero, supongo que una persona así más bien hubiese sido un problema para la clase política.
En las condiciones actuales, la Defensoría no sirve para nada. Inclusive, su tarea se superpone con la de las comisiones de DD.HH. de las cámaras del Parlamento, que atienden permanentemente denuncias de violaciones de DD.HH. y sus actividades tienen mucho más difusión que las de la Defensoría. Se dirá que es una cuestión de que los periodistas no le damos importancia a la institución. Puede ser, pero en general la prensa y los periodistas están allí donde hay noticia, ruido, actividad. No parece el caso de la Defensoría.
El actual defensor extendió por ley del Congreso su mandato, pero es hora de que se elija a uno nuevo. Por ahora, el tema parece no formar parte de la agenda de los legisladores y no existe, como hubo antes, una presión ciudadana para que se renueve este organismo.
Los parlamentarios, como representantes de la ciudadanía, tienen la responsabilidad de cambiar esta situación y hacer que un organismo tan importante, de rango constitucional, realmente funcione para el fin que fue creado.