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La jurisprudencia de tribunales demuestra que las resoluciones que elevan las causas a juicio oral son inapelables. Esta postura fue ratificada por el ministro Blanco, junto a sus colegas Alicia Pucheta y Luis María Benítez Riera, en el Auto Interlocutorio N° 949 del 16 de junio pasado, en un caso de robo agravado.
En dicha resolución Blanco, quien fue el preopinante, fue categórico al señalar que “EL AUTO DE APERTURA A JUICIO ES IRRECURRIBLE”, por expresa disposición del artículo 461 del Código Procesal Penal. Agregó que, aunque en la misma disposición que declara la apertura a audiencia oral y pública se hubieran resuelto otras cuestiones apelables, ello no causa grave e irreparable a la parte afectada, ya que se pueden estudiar en el juicio oral.
Sin embargo, el ministro les había dado trámite a las acciones de inconstitucionalidad que presentaron el exministro del Interior Rafael Filizzola y los empresarios españoles Guillermo Casado y Álvaro Lasso contra las decisiones judiciales que ordenaron que afronten juicio oral por el caso de los helicópteros. Mediante la compra irregular de las máquinas, según fiscalía, se causó un perjuicio de G. 50.000 millones al Estado.
Blanco, quien integra la Sala Constitucional, les dio trámite a las acciones, cuando debió rechazarlas in límine, según la jurisprudencia y su propia postura de que el auto de apertura a audiencia oral es inapelable.
El fiscal adjunto Federico Espinoza el viernes pasado en un escrito ante la Corte acusó a Blanco de tener interés en el pleito, al igual que sus colegas César Garay y Óscar Bajac. Los tres fueron enjuiciados políticamente y la destitución de los mismos depende del Senado, en donde está la senadora Desirée Masi, esposa de Filizzola.
La fiscalía apuntó que Masi anunció que el Partido Democrático Progresista, al que también pertenece Filizzola, no apoya el juicio.
Blanco, junto a los camaristas Anselmo Aveiro y Antonia López de Gómez, tiene que resolver el caso de los helicópteros. Garay y Bajac (falta tercer integrante) tienen la acción de Filizzola en el juicio por sobrefacturación mediante la reparación de comisarías.
La fiscalía les recusó a los tres ministros con juicio político pendiente, por tener interés en los dos pleitos que afectan a Filizzola, “ya que la imparcialidad de los mismos estaría vulnerada”.
Dudan de imparcialidad de los tres juzgadores
“Esta representación pública se encuentra con la obligación de precautelar los intereses de la sociedad, a quien representa y a los efectos de asegurar un fallo ajustado a derecho, recusa a los ministros miembros de la Sala Constitucional, previstas en los incisos b) y c) del artículo 20 del Código Procesal Civil, en razón de que los recusados tendrían interés en los pleitos, que se hallan directamente vinculados a un juicio pendiente que tienen (los ministros) ante la Cámara de Senadores, por lo cual se dan plenamente las causales de recusación en contra de los ministros, que podrían implicar un condicionamiento a su imparcialidad”, dice una parte de la recusación que presentó el viernes pasado ante la Corte, el fiscal adjunto Federico Espinoza. Es contra los ministros Sindulfo Blanco, César Garay y Óscar Bajac.