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El de Hugo Ortiz se trataría de un caso más de corrupción registrado durante la gestión del exdefensor del pueblo Manuel María Páez Monges (2001-2016). En su administración concedieron indemnización a personas que no fueron víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), según denunció la actual administración de la Defensoría del Pueblo.
Ortiz figura en el informe que el jefe de brigada, comisario Ricardo Benítez Ocampos, remitió al entonces director de Política y Afines de la Policía de la Capital, Crio. Gral. Alberto Cantero, de una reunión política de colorados del distrito de Nanawa y de la que participaron varias personas, entre ellas algunas involucradas en el tráfico de drogas. En ese informe, del 14 de marzo de 1969, menciona a Ortiz, empleado de uno de los caudillos colorados de la zona.
Aval de actual contralor
En junio de 2010 la Procuraduría General de la República, entonces a cargo de José Enrique García, actual contralor general de la República, dictaminó que correspondía beneficiar al recurrente con la indemnización correspondiente como víctima de la dictadura stronista.
En el año 2012 el exdefensor Páez Monges resolvió indemnizar a Ortiz con 1.000 jornales mínimos legales para actividades no especificadas. En ese tiempo equivalía a un poco menos de G. 100 millones.
Sin embargo, el 15 de septiembre de 2010, la delegada del 5º turno de la Defensoría del Pueblo, abogada Nancy Frachi, ya había remitido una nota al entonces defensor Páez Monges, señalando que en el informe de los Archivos del Terror se encuentran datos a nombre de Ortiz “detenido por tráfico de drogas juntamente con otras personas”. Por esa razón, dictamina que no corresponde que sea indemnizado. Copia del facsímil se reproduce en esta página.
Reclamo de los hijos
El 5 de agosto de 2016 el entonces defensor del Pueblo Manuel María Páez Monges emite la resolución 0515/16, diciendo que la indemnización prevista por resolución DP N° 758/12 del 15 de junio de 2012 para Ortiz, la perciban en carácter de herederos sus hijos: María Mónica Ortiz Benítez, Norma Alice Ortiz Benítez, Oscar Hugo Ortiz Benítez y Humberto Carlos Ortiz Benítez, “haciéndose las mismas responsables ante reclamaciones de terceros u otros herederos”.
Señala también la citada resolución que la indemnización que corresponde a Ortiz “será dividida en partes iguales entre las mencionadas herederas”.
Revocar el beneficio
El actual defensor del Pueblo, Miguel Godoy Servín, revocó la resolución de Páez Monges, por medio de la resolución 14/17 del 20 de enero pasado. El texto del documento expresa: “Revocar los efectos de la resolución D.P. 1.526/12 por la cual se le otorga al Sr. Hugo Ortiz, con C.I. 263.656, una indemnización equivalente a un mil (1.000) jornales mínimos legales para actividades no especificadas de esta fecha, en moneda nacional y su ampliación por resolución D.P. N° 515/16 en la cual se beneficia a los herederos”, expresa la resolución de Godoy Servín.
Hacienda pidió revisión
En el considerando de la resolución 14/17 el defensor Godoy Servín menciona que la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda por Providencia N° 1058 del 28 de noviembre de 2016, solicitó la revisión del contenido de la resolución D.P. 1526/12, “debido a que entre las documentaciones remitidas a dicha cartera de Estado, obra el informe de fecha 15 de septiembre de 2010 y de fecha 21 de febrero de 2014 de la Delegada del 5° turno dependiente de la Defensoría del Pueblo, en el que se destaca el hecho de que la supuesta víctima habría sido detenida por tráfico de drogas”.
Con base en ese pedido la Defensoría del Pueblo realizó una revisión de los antecedentes.