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La fiscala Sandra Quiñónez se encargará de tomar la declaración al militar retirado en su oficina, ubicada en la sede antisecuestro, a partir de las 8:00.
La declaración será en carácter de testifical, en el expediente abierto por la muerte de Piñánez Ciancio.
Este caso está a cargo del fiscal Joel Cazal y recientemente la fiscala Quiñónez fue asignada como coadyuvante por el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.
Cazal fue duramente criticado por el Gral. Piñánez por su supuesta implicancia con irregularidades que implicaron a los responsables de la Fuerza de Tarea Conjunta, la cual integró su hijo Enrique.
“Mi hijo, el capitán ingeniero Enrique Daniel Piñánez, cometió el error de confiar en el fiscal Joel M. Cazal, primeramente, y en el general Luis Gonzaga Garcete, comandante del Ejército en aquel tiempo, con posterioridad, poniendo en conocimiento de los mismos los negociados que se hacían desde la misma FTC en la que prestaba servicio”, denunció ante ABC el militar retirado.
Díaz Verón no retiró a Cazal del caso, pero dispuso que sea la fiscala Quiñónez la que tome la declaración.
“Hemos conversado con el fiscal Joel Cazal, quien interviene en la causa, y establecimos como prioridad llamar a declarar al general Piñánez a fin de que pueda ampliar sus manifestaciones”, dijo Díaz Verón.
En otro momento indicó: “En este sentido, analizaremos las declaraciones para posteriormente evaluar la situación. No obstante, existe un cuaderno que fue incautado durante un procedimiento del Ministerio Público, en el cual este grupo (EPP) se hace responsable de varios de los hechos punibles cometidos”.
El Gral Piñánez, además de criticar la investigación de la muerte de su hijo y la del suboficial de Infantería José Manuel González Ferreira, denunció también un esquema de corrupción en la FTC.
“FTC opera para mafias”
Campesinos y militantes de izquierda señalaron ayer que las denuncias del Gral. (SR) Herminio Piñánez confirman que la verdadera función de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) es gastar muchísimo dinero de los impuestos ciudadanos para organizarse al servicio de la extorsión y las mafias en el norte del país.
Así lo manifestaron ayer miembros del Congreso Democrático del Pueblo, en un mitin frente al Panteón de los Héroes, donde exigieron al Congreso derogar la ley de Defensa y la ley de Alianza Público-Privada (APP).