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Antes de aprobar la resolución por la que se desconoce la inamovilidad de Víctor Núñez, Alicia Pucheta, Antonio Fretes, Raúl Torres y César Garay Zuccolillo (ANR); a más de Sindulfo Blanco y Óscar Miguel Bajac (PLRA), los partidos ya se habían repartido los cargos.
El PLRA mantendrá sus tres cupos; el Partido Colorado será reducido de seis a tres; dos serán dados al Partido Unace y uno a Patria Querida.
Esta viene a ser la segunda maniobra líbero-oviedista, pensando en una alianza más fuerte para las elecciones de 2013. Los líderes de ambos partidos, Blas Llano y Lino Oviedo, hace tiempo vienen conversando de una posibilidad de conformar un frente para las elecciones de 2013. En diciembre de 2010, gracias a dicho acuerdo, Unace logró nombrar a un miembro del partido como contralor general de la República. En aquella ocasión ya se había hablado de la promesa hecha a Oviedo, de hacerle lugar para tener dos miembros en la Corte.
Esta semana, lograron incluir a Patria Querida, a quien le habrían prometido un miembro en la Corte.
Los principales líderes del PLRA se llamaron ayer a silencio. Tanto Blas Llano como Efraín Alegre, ambos senadores, no respondieron a nuestras llamadas.
Llama la atención que este partido de repente haya aceptado destituir a los miembros de la Corte cuando en el 2010, votos liberales evitaron que el ministro Óscar Bajac sea enjuiciado por mal desempeño en sus funciones. Sin embargo, el jueves, decidieron declarar vacante el cargo de este integrante de la máxima instancia judicial.
El presidente del Senado, Jorge Oviedo Matto (Unace), había declarado a nuestro diario en una entrevista realizada el pasado 25 de marzo que “solo el Congreso puede destituir a un ministro (de la Corte) vía juicio político... lastimosamente en la Cámara de Diputados se necesitan 53 votos. En la Cámara de Senadores tenemos los 30 votos necesarios. En la Cámara de Diputados es donde se tiene que buscar”.
El jueves, los votos del Partido Unace fueron clave para la resolución, que declara vacantes los cargos de siete miembros de la Corte.
Siguiente paso, la Fiscalía
La nueva mayoría conformada en el Senado está buscando mecanismos legales para rever el nombramiento de Javier Díaz Verón como fiscal general del Estado. El camino sería declarar la ilegalidad de origen teniendo en cuenta que Díaz fue elegido de una cuestionada terna colorada, integrada tras la decisión del presidente Fernando Lugo de no dar su acuerdo a Agustín Lovera Cañete.
Tribunal dice no haber vacancia y pide la cláusula democrática
La Corte Suprema de Justicia emitió ayer una resolución declarativa con fuerza y eficacia jurídicas, en la cual comunican al Consejo de la Magistratura, la Cámara de Senadores y al Poder Ejecutivo que no existe vacancia en la máxima instancia judicial, como había declarado Senadores a través de la Resolución Nº 824 del 12 de abril, por la cual no había “confirmado” en sus cargos a siete ministros de Corte.
“Ya estuvimos en contacto con organismos internacionales; ustedes saben que la Corte Suprema del Paraguay es miembro de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Comunicamos este hecho a la OEA para que la misma actúe y aplique la Carta Democrática Iberoamericana de 2001”, señaló Núñez.
El ministro de la Corte afirmó que “desde el momento en que se viola la constitucionalidad ya está quebrada la institucionalidad en la República. Y la resolución del Senado viola normas expresas de la Carta Magna al desconocer la inamovilidad de los ministros que se encuentra firme”, indicó el magistrado.
Agregó: “Estamos abiertos al diálogo. Si me invitan los del Senado, yo estoy dispuesto a dar todas las explicaciones. Si también de otro poder nos invitan, estamos abiertos, y si por ahí puede venir una solución jurídica a través del diálogo, es mucho mejor”.
Acerca de la huelga judicial anunciada por un sindicato, desde el 23 de abril al 4 de mayo, Núñez opinó: “No veo conveniente que haya un paro de actividades en el Poder Judicial. Hay muchas formas de demostrar apoyo. No hace falta la paralización; por el contrario, debemos tener mayor eficiencia, mayor trabajo, mayor puntualidad para demostrar que realmente meremos el apoyo de la comunidad internacional”.
Los cargos de los ministros de Corte Núñez, Alicia Pucheta, César Garay, Antonio Fretes, José Raúl Torres Kirmser, Sindulfo Blanco y Miguel Óscar Bajac fueron declarados vacantes por el Senado, en una maniobra realizada el jueves.
Los puestos de los ministros Luis María Benítez Riera y Gladys Bareiro no fueron cuestionados por los parlamentarios.
Consejo de Magistratura definirá si sigue criterio del Senado o la Corte
Tras la decisión del Senado de denegar el acuerdo a siete miembros de la Corte y remitir su resolución al Consejo de la Magistratura, esta instancia deberá ahora resolver si convoca a concurso de candidatos para ocupar las vacancias declaradas o acata la decisión de la Corte que declara nula la decisión legislativa. No se puede descartar tampoco que la sesión prevista para el lunes quede sin quórum y la cuestión se prolongue en el tiempo.
De tener el quórum necesario, los integrantes del Consejo de la Magistratura podrían resolver ya este lunes una postura sobre el conflicto que plantean las resoluciones contrapuestas de la Cámara de Senadores y la Corte Suprema de Justicia.
El Senado insta de alguna manera al Consejo a que inicie el trámite previsto para llenar las vacancias. En tanto, la Corte señala al Consejo de la Magistratura que no existe ninguna vacancia y que la decisión asumida por los senadores no se ajusta a derecho.
El Consejo está conformado actualmente por siete de sus ocho integrantes legales, dado que el lugar que corresponde al representante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción está vacante desde febrero de 2011.
Para que haya quórum el lunes, deberán estar presentes al menos cinco de los integrantes. El hecho de que tres de los siete sean de origen colorado pone un manto de dudas sobre la posibilidad de que la reunión se lleve adelante, más aun por el hecho de que existe un fuerte lobby de sectores políticos que están en pugna.
¿Postergación indefinida?
Una de las versiones que corrió ayer en el ambiente político fue la posibilidad de que el Consejo de la Magistratura no tenga quórum en forma continuada y que el tema de la convocatoria a candidatos para cubrir vacancias en la Corte se postergue indefinidamente. Una posible represalia del Senado podría ser la de iniciar juicio político.
Saguier defiende potestad del Senado de confirmar
El senador liberal Miguel A. Saguier defendió la potestad del Senado de confirmar a los miembros de la Corte. Indicó que senadores colorados, que denuncian ahora un supuesto quiebre institucional, anteriormente avalaron con su firma resoluciones iguales a la del jueves pasado.
La decisión tomada por el Senado se ajusta a derecho, según el criterio expresado ayer por el senador Saguier, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y representante de su cámara ante el Consejo de la Magistratura.
Acusó a los miembros de la Corte de asumir una actitud “corporativa” y de querer decidir ellos mismos la forma de seguir indefinidamente en sus cargos.
Sobre la vacancia de la representación de la Facultad de Derecho de la UNA, dijo que eso no le impide sesionar al Consejo. Puntualizó, sin embargo, que para designar a integrantes de una terna de candidatos a la Corte se necesita una mayoría calificada de seis votos. Adelantó que, en caso de concretarse la sesión del Consejo del lunes, planteará que se acelere la convocatoria, en cumplimiento de los plazos que establece la ley.
Respecto a la amenaza de los miembros de la Corte de recurrir a instancias internacionales, como el Comité Interamericano de DD.HH., dijo que pueden hacerlo y que ellos contestarán cualquier requerimiento. Descartó que una medida de ese tipo trabe el proceso de renovación de la Corte, ya que no tienen facultad de dictar medidas de urgencia.
Justificó el hecho de haber aprobado ahora una resolución porque se consiguió una mayoría de senadores que respaldaban la decisión.
Sostuvo además que la decisión defiende un criterio que el Senado tiene desde siempre. Al respecto, apuntó que senadores colorados, como Juan Carlos Galaverna cuando presidió el Senado, avalaron con su firma resoluciones que confirmaron o denegaron la confirmación a miembros de la Corte, por lo que no tiene sentido que ahora lo consideren un escándalo institucional.
Saguier exhibió también la resolución 1113 de la Corte del 17 de mayo de 2007, que declaró la inamovilidad de varios magistrados. En ese fallo, los ministros Víctor Núñez y César Garay, entre otros, admiten que los miembros de la Corte revisten la calidad de magistrados y están sujetos a la confirmación del Senado como requisito para seguir en sus cargos, tras cumplir un periodo de 5 años.
Antes no era una ruptura
El senador Saguier rechazó también el argumento de algunos senadores colorados que señalaron que se produjo una ruptura institucional. Destacó que, en periodos anteriores, cuando los colorados tenían mayoría en el Senado y aprobaban resoluciones iguales a la que se aprobó el pasado jueves, nadie hablaba de que se rompía el orden constitucional para impedir las elecciones y que había que sacar gente a las calles para evitarlo. Indicó que en aquel entonces, los senadores del PLRA acompañaron las decisiones porque consideraban que se ajustaban a derecho.
Plantearán una asamblea pública
El senador oficialista Sixto Pereira planteó ayer convocar a una “asamblea pública”, representada por diversos sectores gremiales y ciudadanos para que aporten una solución a la disputa que se generó entre el Poder legislativo y el Judicial por la vacancia de miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Dijo que esta alterativa es muy similar a la asumida en Bolivia, que pese a las “críticas y tergiversaciones, se puso a consideración de la ciudadanía y se vota también para el tema de la elección de los miembros del Poder Judicial”.
También reconoció que esa propuesta es “hablando a futuro”, ya que hay que modificar la Constitución Nacional para eso, pero que lo considera un “mecanismo más transparente, más participativo y democrático”.
Insistió diciendo que una vez que se proclamen las vacancias de miembros de la Corte, los principales criterios que deben regir para elegir a los sucesores son los que estén fuera de la vida activa partidaria, segundo, debe tener solvencia profesional y trayectoria académica y, por último, que la ciudadanía tome un “rol protagónico” y juegue “de contrapeso” para no dejar al “arbitrio de la negociación partidaria” la renovación de los ministros de la Corte.
Admitió además que la “bancada progresista” asumió la postura en sintonía con demás partidos a favor de la resolución del Senado, ya que la recuperación de la “institucionalidad del Poder Judicial” figuraba desde un principio “en una agenda parlamentaria en complementariedad con la agenda del Ejecutivo”, pero aclaró que el presidente Fernando Lugo “no tuvo incidencia”, según acusan los colorados.
Gremios repudian la resolución del Senado
La Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, ante la Resolución N° 824 del 12 de abril de 2012, dictada por la Cámara de Senadores, por la cual declara vacantes siete cargos en la Corte Suprema, expresa que los ministros solo pueden ser removidos por juicio político y cesar en sus funciones cumplidos los 75 años de edad. La Asociación pide el respeto a las leyes para salvaguardar el Estado de derecho en la República.
La Asociación de Jueces del Paraguay también se pronuncia en el mismo sentido y agrega que con la resolución emitida por el Senado, se ha producido la ruptura de equilibrio entre los poderes del Estado, afectando la imparcialidad de los jueces y atacando gravemente la independencia del Poder Judicial.
Por su parte, el Colegio de Abogados del Paraguay sostiene que constitucionalmente el Senado no tiene la atribución de “confirmar” a los ministros de Corte, interpretó la Carta Magna cuando dicha labor es exclusiva y excluyente de la Corte Suprema. “Es un alevoso y sorpresivo atropello a la independencia del Poder Judicial, con expresa injerencia política sobre un poder del Estado”.
La Federación de Abogados, que aglutina a gremios del sector de todo el país, también cuestionó la resolución de los legisladores y expresa su total rechazo por considerarla ilegal e ilegítima. También refieren que se produjo un quiebre institucional y el rompimiento del Estado de derecho. El Sindicato de Funcionarios Judiciales, la Coordinadora Judicial, entre otros, también rechazan la resolución.
Desean poner las cosas en su lugar, afirmó la senadora Acha
La senadora Ana Mendoza de Acha (PQ) dijo que la decisión del Senado solamente trata de “poner las cosas en su lugar”.
Apuntó que la postura de la cámara siempre fue que los ministros de la Corte Suprema no son inamovibles en el cargo, sino que deben ser confirmados cuando cumplen un periodo de cinco años.
Señaló que se ha llegado a un límite y el Senado, en cumplimiento de la Constitución Nacional, trata de poner algo de orden en la administración de Justicia.
Sobre la posibilidad de que la renovación en la Corte consista nuevamente en un reparto de cupos políticos, Mendoza dijo que insistirán para que la selección se haga en base a criterios de la idoneidad y honestidad de los candidatos.
Al respecto, señaló que uno de los argumentos para dejar de hacer una distribución político-partidaria es que está harto demostrado que ha llevado al fracaso y solamente ha instalado la corrupción y el clientelismo en el Poder Judicial.
Dijo que lamentablemente, la gente se ha familiarizado tanto con la corrupción que ya cree que es normal y no es así.
Desestimó que su partido plantee algún candidato porque eso sería incoherente con lo que pregonan. Más bien desean que todo se haga constitucionalmente, dijo.
Proponen una reforma constitucional
Para el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Miguel López Perito, la renovación de la justicia en nuestro país pasa más allá del cambio de ministros de la Corte Suprema de Justicia y apunta a “modificar nuestra estructura constitucional” como “solución de fondo”, entre otros puntos.
“Entiendo que la renovación de la justicia no es solamente el cambio de exponentes de la Corte Suprema de Justicia, sobre los cuales podemos tener diferente opinión, sino como una tarea mucho más compleja que exige modificar nuestra estructura constitucional, exige replantear nuestras instituciones vigentes, los marcos jurídicos, los cuoteos que existen dentro de nuestros marcos jurídicos y pienso que si eso no se hace como una cuestión de fondo, vamos a estar patinando en el mismo lugar”, dijo en otro pasaje el alto funcionario gubernamental.
Asimismo se rehusó a opinar sobre las cuestiones jurídicas que se discuten entre ambas posturas, ya que justamente hay “posiciones encontradas”, pero dijo que el Ejecutivo “está recabando los fundamentos” de la resolución del Senado.
Dijo también que el Ejecutivo no oculta su preocupación, ya que la crisis de poderes afecta al gobierno en general y puede llevar a una situación de “desgobierno”.
Decisión del Senado es golpe institucional, asegura Bogado
El presidente de la Cámara de Diputados calificó de golpe institucional la decisión del Senado de declarar vacantes siete cargos en la Corte Suprema. Aseguró que la decisión no representa la posición del Congreso. Analizan sesión extra.
Víctor Bogado (ANR), presidente de la Cámara de Diputados, aseguró ayer que una mayoría circunstancial del Senado, atribuyéndose suprapoderes que no le otorga la Constitución Nacional, llevó adelante un golpe político e institucional al declarar vacantes siete cargos en la Corte Suprema de Justicia.
Señaló que si bien existen críticas y cuestionamientos de la ciudadanía a la gestión de la Corte Suprema, no se puede violar alegremente la Constitución alegando que se busca hacer un supuesto bien. “La única manera legal de destituir a un ministro de la Corte es a través de un juicio político”, insistió.
“Es tan solo una mayoría del Senado, ni siquiera es el Congreso en sí. Tendría que ser la misma Corte que informe al Consejo de la Magistratura la existencia de vacancias y no que el Senado se arrogue esta atribución. Fue una intromisión gravísima”, aseguró.
El legislador advirtió que atropellar de esta manera las instituciones pone al país al borde del caos, porque supone la destrucción de todo proceso institucional.
Analizan llamar a sesión
El titular de la Cámara Baja confirmó también que están analizando junto con los miembros de la mesa directiva y los líderes de bancada convocar a una sesión extraordinaria para el próximo lunes, a fin de analizar la situación creada por el Senado.
Filizzola defiende
El Ministro del Interior, Rafael Filizzola, salió ayer a defender la decisión de la Cámara de Senadores. “Lo que sucedió en el Senado no es un atropello, de ninguna manera. El Senado tiene la facultad para observar la irregularidad de autodeclararse inamovibles y tomar las medidas correctivas pertinentes. En este caso, declarar la vacancia de estos cargos”,
Aseguró, sin hacer mayores precisiones, que los miembros de la Corte Suprema no pueden ser inamovibles desde el momento de su primera designación en los cargos. Sostuvo que la inamovilidad se da después de la confirmación por dos periodos consecutivos y que el fallo de la Corte Suprema declarándose inamovible es inconstitucional e ilegal.
ANR impulsa diálogo para lograr una salida política
La ANR impulsa diálogo con otros partidos para buscar una salida política a la crisis desatada tras la declaración de vacancia del cargo de siete ministros de la Corte. Lilian Samaniego conversó ayer con Roberto Campos, de PQ. Este fin de semana buscará reunirse con Blas Llano, del PLRA.
La presidenta del Partido Colorado, Lilian Samaniego, inició ayer una ronda de conversaciones con presidentes de todos los partidos con representación parlamentaria, para buscar una salida al conflicto instalado a partir de la decisión del Senado de declarar vacante el cargo de siete ministros de la Corte.
Samaniego conversó con Roberto Campos, de Patria Querida, quien demostró predisposición para debatir y buscar salida a la situación. Este fin de semana buscará contactar con Blas Llano, del PLRA, expresó.
La dirigente trajo a colación la alegría de la ciudadanía ante la decisión del Senado. “Es evidente que la gente espera cambios en la justicia”, dijo. Acotó que los integrantes de la Corte deberían tomar como una señal esta situación.
Señaló que personalmente también tiene cuestionamientos hacia los miembros de la Corte, sin embargo aseguró que esto no es motivo para llevar adelante un atropello institucional como el ocurrido en la Cámara de Senadores.
“Tenemos que buscar el camino para llegar al mecanismo institucional. El respeto a las normas es elemental en un estado de derecho y en la vida democrática de nuestro país”, significó.
El Partido Colorado institucionalmente había repudiado el intento de producir “la acefalía de uno de los poderes del Estado”.
Advirtió que se ponen en riesgo las elecciones generales del 2013. El pasado jueves, la Cámara de Senadores a través de una resolución no confirmó en sus cargos a siete ministros de la Corte y pidió al Consejo de la Magistratura iniciar trámites para llenar las vacancias.
Una conspiración, dicen
El Partido Colorado, a través de un pronunciamiento había calificado de “una conspiración, una movida para conformar una Corte Suprema a medida que les permita (al oficialismo) el resguardo de los actos de saqueo diario a que someten a las arcas del Estado e impedir un proceso electoral transparente, viciándolo en su legitimidad, al atacar al máximo tribunal de la República”.
La declaración de vacancia de los cargos de siete ministros de la Corte se realizó con votos de PLRA, Unace, Patria Querida y Frente Guasu, durante la última sesión de la Cámara de Senadores.
TSJE está fuera de la crisis, según Ljubetic
Los ministros Alberto Ramírez Zambonini y Juan Manuel Morales, a través de su vocero, Carlos María Ljubetic, salieron al paso de la resolución del Senado por la que se denegó la confirmación a siete ministros de la Corte y en la que también se menciona el artículo 275 de la Carta Magna que establece la designación de los magistrados electorales en el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Ljubetic, en nombre de los ministros, indicó que los mismos han sido confirmados por la Cámara de Senadores en dos oportunidades y por unanimidad de sus miembros. Por lo tanto, según el asesor del TSJE, los ministros Ramírez Zambonini y Morales son inamovibles en sus cargos hasta la edad de 75 años y solo pueden ser removidos a través de un juicio político.
En el caso de Ramírez, este fue nombrado por el Senado, con acuerdo del Poder Ejecutivo, en 1995 mientras que Juan Manuel Morales ingresa a la magistratura electoral en agosto de 1999. Ramírez Zambonini fue declarado inamovible por la Corte Suprema de Justicia mediante un acuerdo y sentencia, en mayo del año 2000, según el currículo del titular del TSJE.
Pone en jaque el equilibrio de poderes
El Centro de Estudios Judiciales afirma que el Senado adoptó un camino jurídicamente no establecido y que con la decisión tomada se genera un quiebre institucional que pone en jaque el equilibrio de poderes.
“Los ministros de la Corte se declararon inamovibles haciendo uso de la facultad de interpretar los artículos de la Constitución Nacional que les otorga la misma Carta Magna. Podemos hablar de falta de ética o de otros factores, pero hay sin duda una facultad constitucional de la Corte Suprema de Justicia que se plasmó en una resolución judicial. Y, en un estado de derecho, esta resolución es la última palabra en materia jurídica, en este caso con respecto a la inamovilidad. La única vía que tenía el Parlamento para destituir y proceder contra la inamovilidad es el juicio político”, manifestó la directora del CEJ, María Victoria Rivas.
La decisión del Senado demuestra, una vez más, que no se cuenta en el país con una clase política madura acorde a las exigencias , dijo, y agregó que el Centro de Estudios Judiciales viene sosteniendo que el cambio de ministros de la Corte no soluciona los graves problemas que tiene el Poder Judicial en este momento. Pero la clase política, en lugar de sentarse a diseñar unas reformas estructurales del Poder Judicial que apunten a mejorar el acceso a la justicia, y el ejercicio y la garantía de los derechos, solo lleva adelante una puja de poderes con la posibilidad de tener una Corte Suprema aliada o amiga ante los tiempos electorales inminentes.
El 23 se inicia la huelga, por 15 días
Funcionarios judiciales agremiados en el Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay inician el próximo 23 de abril una huelga por quince días. A decir de la secretaria general del gremio, Porfiria Ocholascky, el objetivo es defender la institucionalidad ante la decisión adoptada por el Senado de declarar cesantes a siete ministros de la Corte Suprema de Justicia.
“Es un atropello sin lugar a dudas a la independencia del Poder Judicial. Hay un quiebre del Estado de derecho”, aseguró la sindicalista, que no descarta realizar una denuncia ante las instancias correspondientes por lo que calificaron como “notorio hecho de atentado contra el orden constitucional”.
“Están los compañeros de San Pedro del Ycuamandyyú, Ciudad del Este, Caacupé, Pedro Juan Caballero, Coronel Oviedo, Concepción, Paraguarí, Caazapá; están todos los representantes y ellos ya traen un mandato de asamblea que ayer inmediatamente al tener la comunicación de que se iba a tomar una decisión, entonces lo que estamos haciendo aquí es ratificar el mandato de la asamblea de realizar una huelga general de 15 días en principio, pudiendo eso ampliarse”, indicó Ocholasky, al resaltar que la medida de fuerza es a nivel nacional.
Ayer, en el Palacio de Justicia de Asunción la actividad en los juzgados y distintas reparticiones se vio resentida con motivo de las constantes reuniones entre magistrados, abogados y funcionarios para analizar la situación del Poder Judicial, tras la decisión del Senado.
Constitucionalista dice que la decisión del Senado es ilegal
El juicio político es el único camino para destituir a miembros de la Corte, señaló ayer el constitucionalista y ex convencional constituyente Marciano Torales. Dijo que la declaración de inamovilidad es una razón para el enjuiciamiento. Calificó de absolutamente inconstitucional el mecanismo implementado por el Senado para declarar vacante cargo de ministros.
“A pesar de que tengo ganas de hacer hurras, porque tengo pruebas fehacientes y suficientes del accionar de Víctor Núñez (presidente de la Corte) al margen de la Constitución y de la ley, que no se compadece con la investidura de ministro de la Corte, debo decir que la actuación del Senado es ilegal”, manifestó ayer Marciano Torales.
Calificó de una jugada claramente política, cuya finalidad hasta ahora no está muy clara. “Puede desembocar en una crisis institucional que nos lleve a un atolladero sin salida”, señaló.
El profesional explicó que de la interpretación de las normas de la Constitución surge que una vez nombrados los miembros de la Corte solamente pueden ser removidos por juicio político y duran hasta los 75 años en funciones.
“No dice en ningún lado que deben durar 5 años, que deben ser confirmados 5 años, sino dice que durarán en sus cargos hasta los 75 años y una vez nombrados solo pueden ser removidos a través de juicio político”, insistió.
Recordó que durante la Constituyente la comisión redactora de la Constitución tenía previsto igualar a todos los magistrados, sin embargo, a propuesta de Susana Morínigo, se les dio la denominación de ministros a los miembros de la Corte.
Dijo que la interpretación que realiza el senador Miguel Abdón Saguier –quien también fue constituyente– es auténtica, pero no condice con el texto aprobado de la Carta Magna.
Saguier se basa en el artículo 252 de la Constitución que señala que “los magistrados... son designados por periodos de cinco años... los que hubiesen sido confirmados por dos periodos siguientes al de su elección, adquirirán la inamovilidad”.
Los ministros cuyo mandato se cuestiona no fueron reconfirmados por la Cámara de Senadores.
Torales explica que hay una diferenciación entre los magistrados en general y los miembros de la Corte, por su denominación.
Aclaró sin embargo que al haberse declarado inamovibles, dieron razón para que se les inicie un juicio político. Dijo que hay antecedentes, y mencionó los casos de Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea (+).