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El senador de Unace afirmó que el hecho de darse ahora el pago no tiene que ver con un eventual acuerdo político-electoral con el PLRA. No negó que las conversaciones en ese sentido estén en marcha, aunque aseguró que él no estaba participando en la negociación.
Sostuvo que la transferencia del terreno en cuestión se firmó el jueves 28 de febrero pasado, momento en que no existían conversaciones sobre un posible acuerdo electoral.
Por otro lado, reveló que los propietarios no pudieron cobrar el cheque en ese momento. El motivo, según dijo, es que los colorados se valieron de un “tembiguái” (alcahuete), el síndico de quiebras Raúl Silva, a quien calificó de “sinvergüencita”, para que fuera al BNF y, amparado en su cargo, evitara el cobro del cheque, por una orden judicial de “no innovar”. Según Oviedo Matto, dicha orden había quedado sin efecto, pero Silva fue a “embarrar la cancha” por mandato de los colorados que pretendían evitar el acuerdo PLRA-Unace. Sin embargo, el legislador afirmó que el pago nada tenía que ver con el acuerdo político, que igual se podría dar.
El legislador negó también haber participado en reuniones con representantes del PLRA desde la semana pasada, antes del pago del cheque.
Sostuvo que lo que lograrían los colorados con su actitud era motivar que él, que no estaba participando en las negociaciones, ahora lo haga para que se concreten.
Oviedo Matto dijo que los trámites que culminaron con la compra de las tierras por parte del Indert se iniciaron en el año 1996, con una ley de expropiación aprobada en ambas cámaras que el Ejecutivo promulgó y que luego, en el 2003, a través de otra ley, se anuló, una vez que la propiedad estaba totalmente ocupada.
Posteriormente, en el año 2011, según Oviedo Matto, el presidente del Indert pide a la comisión bicameral de presupuesto que incluyan en el presupuesto general de gastos el monto para pagar la expropiación, a fin de darles los títulos a los ocupantes. Este pedido se cumplió en el 2011, de acuerdo a la ley que Oviedo Matto exhibió a la prensa.
El legislador cuestionó que ahora algunos parlamentarios como el senador colorado Rogelio Benítez o el patriaqueridista Carlos Soler “se rasguen las vestiduras”, cuando que legisladores de todas las bancadas aprobaron en el 2011 la inclusión del dinero para pagar esta propiedad en el presupuesto del Indert.
Consultado si no consideraba llamativo que el pago se efectivice ahora, en plena etapa electoral, dijo que esa circunstancia no constituye un delito. Indicó que el hecho de que se hable de coincidencias no son elementos para juzgar una situación legal.
Aseguró que su padre, uno de los accionistas “minoritarios” de la firma San Agustín SRL, estaba dispuesto a devolver el dinero y que se le restituya la propiedad previo desalojo de sus actuales ocupantes, ya que la propiedad vale mucho más.