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El Ministerio Público va corroborando cada vez más la estrecha relación entre Osorio, el excomandante y Mendoza.
Ayer, el fiscal Cantero decidió allanar la playa de autos “Automóviles Vía Iquique”, ubicada sobre la Avda. Mariscal López, en la entrada de la ciudad de Fernando de la Mora.
El investigador llegó hasta ese lugar ante la sospecha de que Osorio “comerciaba” vehículos, adquiría o vendía, en ese local. Finalmente, el agente corroboró que el suboficial gestionó y compró entre el 2012 y este año cuatro camionetas Hyundai Tucson y una Kia Sportage, valuadas en hasta G. 100 millones.
Uno de los rodados aparece a nombre de su esposa, Ada Liz da Rosa, quien se encuentra imputada como cómplice por enriquecimiento ilícito.
Además, se certificó que Osorio compró una camioneta a nombre de Freddy Alvarenga Rotela, uno de los hijos del excomandante Francisco Alvarenga.
El fiscal Cantero explicó que Osorio también gestionó y compró una camioneta Tucson para el hijo de su exjefe, Juan Mendoza, de nombre Alejandro Mendoza, y otro rodado para la esposa, Gricelda Bracho de Mendoza.
Finalmente, una quinta camioneta aparece a nombre de una suboficial de menor rango, pero allegada a Osorio. La misma se encuentra aportando datos y los investigadores prefirieron mantener en reserva su identidad.
“Encontramos contratos y facturas que avalan las compras de vehículos a familiares y hasta procesados que guardan vínculo con el señor Osorio”, dijo Cantero.
Asimismo, el agente indicó que algunas compras fueron realizadas al contado y otras a crédito.
“Él hacía las gestiones y se compraban luego los vehículos. A nombre de su esposa está una Tucson que costó G. 81 millones y tuvimos sospecha de su intermediación para realizar otras compras cuyos montos están entre los G. 80 y G. 100 millones, por lo que son un poco elevados”, explicó.
El fiscal Cantero imputó anoche al suboficial Rosalino Benítez, quien fungía de secretario de Osorio. Según el escrito fiscal, el mismo retiró 20 tarjetas de combustible con monto de hasta G. 10 millones.
Por otro lado, incautó una camioneta que estaba a nombre de una mujer policía cuya identidad no reveló.
El Ministerio Público informó que hoy dará más detalles sobre ambos agentes.
Además de Osorio, su esposa Ada Liz, Alvarenga y su hijo Francisco Daniel, y Mendoza, están imputados el exadministrador de la Policía Carlos Joel Jara y tres playeros, identificados como Víctor Ojeda, Derlis González y Gustavo Rodríguez.
Acreditaban combustible
El negociado con las tarjetas de combustible denominadas “libres” fue posible con la complicidad de unos 120 playeros y de 50 estaciones de servicios. Se presume que el ilícito se cometía cuando los playeros acreditaban carga de combustible al solo efecto contable y porque particulares no exigían facturas, para la posterior extracción de unos G. 1.159 millones.
Evitar el perjuicio
El fiscal Aldo Cantero comunicó a la Comandancia de la Policía Nacional y al Ministerio del Interior el pedido de suspensión de pago por la utilización de las tarjetas libres de combustible.
Esto fue a pedido de los comisarios Carlos Jara Adorno, exadministrador, y Mendoza, exgirador, quienes solicitaron al investigador que, como medida de urgencia, Petropar suspenda el pago de G. 1.159.000.000. Ese monto es lo defraudado entre el 26 de marzo y 30 de abril de este año.
Cantero no cuenta con el dato oficial de que el Ministerio de Hacienda no transfirió aún los fondos citados, y por este motivo resolvió oficiar a la Comandancia y al Ministerio del Interior, para evitar que se concrete el perjuicio millonario.