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Agro Silo Santa Catalina SA, presidida por Lucas Marini Favero, pidió al matrimonio Raiter un acuerdo para finalizar el conflicto judicial que mantienen.
El acercamiento a los Raiter se realizó a través de Guillermo González, titular de Agrícola Colonial, quien ofició de mediador entre las partes, en busca de un consenso en los reclamos.
En la tarde del sábado último el Grupo Favero asumió ante escribanía el compromiso de devolver al matrimonio Raiter las hipotecas y los pagarés denunciados como falsos ante la fiscalía.
Los contratos fueron montados por las escribanas Nélida Chávez y María Teresa Rodríguez. El conjunto de documentos fue utilizado por el Grupo Favero para reclamar el pago de 23 millones de dólares, sin entregar el extracto de cuentas ni exhibir las hipotecas.
Los documentos cuestionados se encuentran en poder del Ministerio Público y podrán ser retirados por los Raiter. Nunca tuvieron acceso a tales hipotecas.
Los Raiter reconocen la existencia de una deuda legítima de 10 millones de dólares, por la compra de un inmueble, pero rechazan el intento de cobrarles aparte otros 23 millones de dólares.
Para saldar la deuda reconocida entregan una finca de 1.060 hectáreas en la colonia Tirol, distrito de Carlos Antonio López, Itapúa.
El matrimonio nunca cuestionó la obligación de pagar el inmueble, de hecho venía cubriendo las cuotas anuales establecidas.
Por otro lado, el matrimonio asumió el compromiso de retirar todas las acciones judiciales que inició tanto civil como penal.
Salvar a Nélida Chávez
La escribana Nélida Chávez, esposa del senador Óscar González Daher, tiene una denuncia por falsificación de documentos públicos.
En el mismo proceso se encuentra involucrada la escribana María Teresa Rodríguez.
El Ministerio Público inició una investigación y ordenó la pericia de la firma del matrimonio. El Laboratorio Forense del Ministerio Público es responsable de dictaminar sobre la falsedad o no de tales firmas.
Si el dictamen confirma que las firmas son falsas, ambas escribanas son responsables del delito de falsificación de documentos.
De hecho, la pericia Nº 353/15, sobre documentos elaborados por la escribana María Teresa Rodríguez, confirma que la firma de los Raiter fue falsificada.
En este momento se están verificando los documentos montados por Nélida Chávez; se descuenta que el resultado será el mismo.
El acuerdo firmado en la tarde del sábado, en Santa Rita, incluyó a ambas escribanas.
Se supone que al no existir daño patrimonial a los Raiter, dado que se devolverán las cuestionadas hipotecas, también finalizará la investigación penal contra las escribanas.
Es una tabla que se pretende poner a disposición de González Daher para salvar a su amada esposa.
Sin embargo, la fiscalía tiene la obligación de continuar con la investigación ante la existencia de un posible delito de acción penal pública.
Si falsificaron documentos, ambas escribanas habrían defraudado la fe pública, por lo tanto deben ser castigadas por la ley.
Investigación debe seguir
El Ministerio Público tiene la obligación de seguir la investigación sobre la supuesta falsificación de firmas, en favor del Grupo Favero.
Aparte, la Corte Suprema ordenó una auditoría sobre el expediente de los Raiter manejado por la jueza Julia Rosa Alonso Martínez, quien dejó sin efecto una sentencia definitiva dictada por la jueza Mafalda Cameron. Se tiene que ver el resultado.
Hay que sumar a la jueza Victoriana Cáceres Duarte, quien dejó sin efecto una medida cautelar al conceder una apelación al Grupo Favero.
Y la Policía que tiene una investigación sobre violación de derechos humanos luego de una violenta represión en Mayor Otaño, en defensa de Favero.